Representante de jueces reconoce que el “cáncer” del partidismo afecta al Poder Judicial.

Para la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) la reforma del Poder Judicial que pretende el Proyecto del Senado 1096 se realiza “sin una necesidad institucional demostrada ni un análisis completo de sus consecuencias administrativas, operacionales y fiscales”.

La ponencia del juez administrador Sigfrido Steidel Figueroa puede considerarse la postura de la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, en la medida en que su posición está definida constitucionalmente como de la confianza del jefe del Poder Judicial.

La propuesta legislativa incluye una gama de modificaciones en el funcionamiento de los tribunales que se basan en hacer una determinación por ley de que ese poder constitucional va a ser “coadministrado” por la jueza presidenta y por los otros ocho jueces asociados del Tribunal Supremo, en vez de solo por un juez presidente, como ha sido durante los 74 años de vigencia de la Constitución del Estado Libre Asociado.

La OAT, el Colegio de Abogados (CAPR), la Puerto Rico Lawyers Association (PRLA), la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ), y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) conformaron el primer grupo de deponentes sobre la medida del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La propuesta tiene una segunda vista pública programada para el 24 de marzo.

“Conviene comenzar por una observación básica. La Constitución de Puerto Rico no menciona el concepto de coadministración judicial”, planteó Steidel Figueroa al hacer un punto que también respaldó el CAPR. Ninguno de los otros ponentes, que favorecen la medida o presentaron enmiendas que no van a este punto, ofrecieron fundamentos para persuadir que la “coadministración” fue lo que los hacedores de la constitución querían para esta rama.

“Resulta más conveniente que la administración de la justicia esté integrada por el componente colegiado del Tribunal Supremo. Sin duda, ello fortalece la pluralidad y deliberación democrática de los aspectos concernientes a la administración de la justicia”, planteó la APJ, que estuvo representada por el juez apelativo Roberto Rodríguez Casillas.

Aún cuando la postura de esta organización de jueces fue contraria a la postura institucional de la OAT, ambos consignaron que hay que identificar fondos para cumplir con los cambios que implanta la medida. Estas incluyen “nómina, personal de apoyo, infraestructura, oficinas, equipo y nuevas estructuras administrativas”, apuntó la OAT. El proyecto no solo pondría al pleno del Supremo a hacer nombramientos que ahora solo hace la jueza presidenta (tanto posiciones de administración judicial como de administración gerencial) sino que añade varias posiciones nuevas que el pleno igualmente llenaría.

La presidenta del colegio, Vivian Godineaux Villaronga, recordó que la Ley de la Judicatura actual, vigente desde 2003, fue resultado del estudio de una comisión que el propio Supremo designó con integrantes de la academia y el sector privado y que contó con comentarios de unos 500 ciudadanos. “El Proyecto del Senado 1096 no responde a un diagnóstico sistémico público, ni resulta como producto de una comisión técnica institucional”, contrastó.

El cambio que se propone no es leve, es una “intervención legislativa en la gobernanza interna del Poder Judicial” que, como mínimo, debería validarse por los electores mediante un referéndum de enmienda a la constitución y no meramente  con un proyecto legislativo, añadió. El proyecto no es parte del programa de gobierno que el Partido Nuevo Progresista presentó para las elecciones pasadas.

El presidente de la Comisión de Gobierno, senador Ángel Toledo López, tuvo los mayores careos con Godineaux Villaronga, al punto que el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, Javier Hernández Ortiz, intervino para consignar que le estaba hablando por encima a la deponente sin dejarla contestar, pero fue ignorado.

La AEJ, por voz de su presidente Amircal Gerena Román, se concentró en solicitar que se añadan enmiendas para fortalecer la protección laboral de los empleados de la rama, incluyendo garantías de derechos, procesos disciplinarios y aplicación igual de toda legislación que cubra a servidores públicos.

Otro punto discutido en las ponencias de OAT, CAPR y APJ es la eliminación de la posición de juez municipal para que la primera instancia de magistrados la compongan solo jueces superiores. Un resultado inmediato es que se cambia una posición de menos salario y menos años de servicio, por unos de más salarios y que sirven por 16 años. El Colegio recomendó que en vez de eliminar esa posición, se fortalezca y se le den más áreas de acción. OAT recordó que eliminar la posición no elimina las complejidades reales y de día a día que implican los casos que manejan los jueces municipales, mientras que la APJ lo apoyó en el contexto de fortalecer la carrera e independencia judicial.

“Yo he visto a compañeros nombrados por gobernadores de distintas administraciones, excelentes, y no ser nombrados sencillamente, o no ser confirmados, porque no pertenecen a un partido. Eso es un cáncer que existe y es lamentable, pero así es la realidad”, expresó Rodríguez Casillas.

Vea:

Choque en el Tribunal Supremo por poder del juez presidente tras nuevas enmiendas

Proyecto 1096 busca redistribuir poder entre el pleno del Supremo y su juez presidente

Ponencia OAT

Ponencia CAPR

Ponencia APJ

Ponencia PRLA

Ponencia AEJ