Joel Franqui quiere que se pesquise el proceso de evaluación que permitió los préstamos, los mecanismos de supervisión implementados, las gestiones de cobro y la evidencia que sustenta la postura de la CFSE.
17 de abril de 2017 - Vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre seguros. En la foto: el representante Joel Franqui Atiles.
El representante penepé Joel Franqui quiere que la Cámara de Representantes entre en la controversia en torno a The Phoenix Fund y ha presentado una resolución de investigación para que se investigue cómo y por qué la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) le aprobó sendos préstamos a una entidad privada, ahora en la bancarrota, que le debe $99.5 millones al estado.
La Resolución de la Cámara 635 busca que la Comisión de Desarrollo Económico pesquise tanto a The Phoenix Fund como a su subsidiaria PUC Holdings. La semana pasada, horas después de que el representante José “Conny” Varela presentara un referido ante el Departamento de Justicia sobre el asunto, la agencia reveló que investiga el asunto desde enero por iniciativa de la adminsitradora de la CFSE, Enid Inalbis Ortiz Rodríguez.
La CFSE también ha demandado a estas dos entidades por el recobro de los $99.5 millones. El dinero corresponde a préstamos aprobados en el 2019 y en el 2021, “cuyos balances, según alega, permanecen vencidos y en incumplimiento”, lee la resolución.
El primer préstamo fue formalizado el 27 de diciembre de 2019 por $40 millones a favor de The Phoenix Fund, con una tasa de interés de 7%. Según la CFSE, la demandada dejó de cumplir con sus responsabilidades comenzando en el cuarto trimestre del 2023.
“Al 17 de febrero de 2026, la corporación pública estima que la deuda total por este primer financiamiento asciende a no menos de $45.6 millones”, indicó Franqui.
En mayo de 2021 la CFSE otorgó un segundo préstamo por $40 millones a PUC Holdings LLC y la entidad le adeuda a la CFSE $53.9 millones.
“La demanda radicada no detalla la existencia de colatreal específico o garantías reales que respalden estas obligaciones, limitándose a referencias a pagarés, tasas de interés y cláusulas contractuales de aceleración”, indicó.
Desde el 27 de junio del 2025 la CFSE le está reclamando a los demandados el pago total.
“Resulta imperativo que esta Asamblea Legislativa ejerza su función constitucional de investigación y fiscalización, a fin de asegurar el uso adecuado de los bienes públicos y la correcta administración de las finanzas institucionales”, sostuvo Franqui.
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