El ente fiscal objeta una ley de agosto que supuestamente choca con la visión de centralizar el proceso de permisos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha extendido el plazo que le dio al gobierno para atender preocupaciones que tiene sobre la Ley 111-2025, con que se busca enmendar la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009).

El gobierno tiene hasta el 9 de febrero para atender las objeciones de la Junta, que ha concluido que la Ley 111-2025 es inconsistente con el plan fiscal.  El plazo original para entregar la información solicitada era el 15 de diciembre.

Con la ley 111, firmada por la gobernadora Jenniffer González en agosto, entre otras cosas se dispone que si una entidad gubernamental consultada sobre un proyecto no responde a la Oficina de Gerencia de Permisisos (OGPe) en cierto periodo de tiempo se interpretará que la agencia consultada no tiene reservas con la consulta. Además, dispone la legislación que las recomendaciones para otorgar o rechazar un permiso se harán tomando en cuenta la totalidad del récord administrativo y que cualquier disposición de la Ley 111-2025 irá por encima de cualquier regla o regulación de la OGPe.

La nueva ley, sin embargo, también enmienda la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para obligar al titular de esta agencia a colaborar con la OGPe y los municipios en la evaluación de permisos. O sea, le garantiza al DRNA participación en los procesos y eso es precisamente lo que la Junta no quiere.

De hecho, en la Exposición de Motivos del proyecto que se convertiría en la  Ley 111-2025 se recuerda que el titular del DRNA tiene la responsabilidad de implementar la política pública ambiental y la facultad de aprobar reglamentación necesaria para cumplir con los objetivos de la ley.

Al resumir sus principales preocupaciones en una carta del 25 de noviembre, el miembro de la Junta Arthur González indicó que la nueva ley “interrumpe y fragmenta” el proceso de permisos al insertar al DRNA en los procedimientos de la OGPe y le reconoce al DRNA funciones independientes y paralelas con relación a la aplicación de permisos que impactan políticas públicas.

“Esta acción contradice directamente el Plan Fiscal Revisado del 2024 del gobierno de Puerto Rico y la intención de este de centralizar todos los procesos de permisos dentro de la OGPe”, indicó González.

González sostuvo que el Plan Fiscal del 2024 busca que el Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación es el “mecanismo correcto a través del cual la visión de la Ley 161-2009 de simplificar grandemente y mejorar el aparato de permisos de Puerto Rico puede maximizarse…”.

“Cualquier esfuerzo que se aleje de la centralización de todos los procesos de permisos dentro de la OGPe y el Reglamento Conjunto sería inconsistente con la visión del Plan Fiscal de simplificar y mejorar el sistema de permisos de Puerto Rico”, agregó.

González también objeta que la nueva ley permita que se le otorgue en casos, “de gran complejidad”, un periodo adicional de 30 días a municipios y agencias para presentar sus comentarios sobre el proyecto que se está estudiando. “Este elemento choca con los principios de establecer términos cortos…”, dijo González, quien objetó que no se defina claramente que es un caso “de gran complejidad”.

La Junta le ha ordenado al gobierno que enmiende la ley para establecer que los proceso del DRNA serán integrados en los de la OGPe,  “pero no serán ejecutados de manera paralela, separada o independiente”. Además, quiere que se establezca que cualquier estipulación que directa o indirectamente impacte o contradiga los procesos de permisos de la OGPe o que no son parte del Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación para trabajos de construcción, uso de terrenos y operaciones de negocios “serán nulos” e inaplicable.

La Junta también quiere que se incorporen los procesos para la otorgación de licencias, concesiones y permisos dentro de la zona marítimo terrestre a los procesos de la OPGe.

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