La Declaración de Impacto Ambiental tiene 501 páginas y está disponible, bajo la pestaña de fuentes de información y documentos ambientales, en la página de internet de la OGPe.

La delegación cameral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) condenó la decisión de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de emitir la Determinación de Cumplimiento Ambiental para el proyecto Esencia de Cabo Rojo.

El senador Adrián González y el secretario general del PIP, Juan Dalmau, se unieron a la expresión de los representantes Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nellie Lebrón Robles.

La Declaración de Impacto Ambiental tiene 501 páginas y está disponible, bajo la pestaña de fuentes de información y documentos ambientales, en la página de internet de la OGPe.

«Se determina que el proyecto de documento ambiental presentado cumple con los requisitos para poder confeccionar un documento ambiental adecuado al RPEA bajo la modalidad de: Declaración de Impacto Ambiental», lee el escrito donde la OGPe anuncia que será la agencia proponente de la iniciativa.

El proyecto incluye además cuatro accesos públicos vehiculares a la playa con instalaciones sanitarias, apoyo para actividades públicas recreativas como el senderismo, observación de aves y ciclismo de montaña, y dos centros de actividades (Towncenters), donde se proveerá espacio para comercios y servicios, estableciendo ofertas gastronómicas, recreativas, culturales, religiosas y otros servicios esenciales para la comunidad en general.

Es la posición de la OGPe que el proyecto ocupará menos del 25% del total de los terrenos, de los cuales un 15% será ocupado por huellas de edificios y 10% por calles de acceso y otros componentes de infraestructura. El restante 75% de los terrenos objeto de desarrollo se propone como áreas verdes, incluyendo amplias áreas de paisajismo, dos campos de golf y áreas a designarse como zonas de conservación.

Esta determinación ocurre luego de la férrea oposición de las comunidades caborrojeñas, organizaciones ambientalistas y miembros prominentes de la comunidad científica. Incluso, algunas agencias gubernamentales, también rechazaron la propuesta ante la incapacidad infraestructural para suplir electricidad, agua potable y el procesamiento de aguas usadas al megaproyecto.

No obstante, el Municipio de Cabo Rojo endosa el proyecto. En la DIA sostiene que aunque el «uso e intensidad» de algunos componentes chocan con el Plan de Usos de Terrenos, «se recomienda (a) la implementación de las mejores prácticas de ingeniería, (b) la rehabilitación de áreas sensitivas que hayan sufrido el impacto de actividades ilegales en el pasado, (c) la creación de corredores ecológicos continuos o no fragmentados, (d) emplear las guías de diseño ecoturístico de la Compañía de Turismo donde sea necesario y, (e) reservar franjas de conservación de 25 metros a cada lado de un drenaje pluvial natural».

El municipio sostuvo que le complace que se haya rediseñado una reducción en la huella edificada de 25% a 21%, solicita que toda edificación de carácter permanente observará una distancia mínima de 50 metros del límite interior de la zona marítimo terrestre, de un refugio o reserva natural, cueva, humedal y que todo acceso para vehículos motorizados tendrá una servidumbre mínima de 13 metros de ancho. Igualmente solicitó que las unidades residenciales tendrán cláusulas restrictivas para impedir el alquiler a corto plazo por cuenta del dueño de la residencia, excepto cuando el alquiler sea a través de un administrador de complejo u hotel.

La OGPE anunció su determinación esta semana al publicar un anuncia en la prensa escrita. En el documento no se ofrece detalle alguno de cómo se llegó a la decisión, pero se identifica al «funcionario responsable» como Jaime Green Morales, director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental.

El proponente del proyecto es Cabo Rojo Land Acquisition. El desarrollo incluye 530 unidades de hotel, 1,132 residencias turísticas, áreas comerciales, campos de golf, una escuela con 500 dormitorios, servicios médicos y otras infraestructuras. La acción propuesta incluye 96 parcelas catastrales con un área total de 6,088,514 metros cuadrados (equivalentes a 1,504 acres / 1,549 “cuerdas”).

Su costo ha sido calculado en $2,684 millones. Crearía 17,000 empleos estimados en la etapa de construcción entre directos, indirectos e inducidos y 3,000 en la etapa de operación.

«Este es otro ejemplo de inversionistas que se han aprovechado de las concesiones de la Ley 22 (hoy Ley 60) y de la generosidad sin precedentes de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y de los gobiernos del PNP ya que, bajo el mandato de Pedro Pierluisi, se concedió cerca de $500 millones en exenciones contributivas a ese proyecto, es decir, casi $500 millones que dejará de recibir el Departamento de Hacienda, en el contexto de un país que no acaba de salir de la quiebra», lee un comunicado de prensa del PIP firmado por sus tres representantes.

Durante el proceso de vistas públicas celebrado temprano este año, el propio personal técnico del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como de la agencia federal Fish and Wildlife Service se expresaron abiertamente en contra del proyecto Esencia debido a los impactos adversos irreversibles que causarían su construcción y operación, en una de las zonas altamente vulnerables del archipiélago puertorriqueño, que incluye varias especies en peligro de extinción.

«Una de las consecuencias de la fecha en que se emite la Determinación de la OGPe, es que reduce el número de días hábiles y prácticos para que la comunidad científica, así como las organizaciones comunitarias y las propias agencias gubernamentales que ya se expresaron en contra, puedan responder a los argumentos que aparecen en la referida Determinación. Es decir, el periodo de 30 días para tales propósitos, se reduce sustancialmente al considerar los varios días feriados en los que las oficinas gubernamentales no estarán abiertas al público, para acceder a la documentación pertinente. Esto significa que la fecha escogida por la actual administración de la gobernadora González Colón para emitir la Determinación que favorece a Esencia, se hizo con toda la premeditación y la mala fe imaginable, para que los opositores cuenten con menos tiempo para elaborar sus argumentos», indicaron Márquez, Gutiérrez y Lebrón Robles.