Organizaciones periodísticas, comunitarias, legales y entidades gubernamentales presentaron argumentos sobre el P. de S. 63, en larga jornada legislativa.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, catalogó como un «problema» el Proyecto del Senado 63 (P. de S. 63) que enmendaría la Ley 141-2019 conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

“Aprendí muy temprano en mi vida que a los problemas no se les huye, se enfrentan. Se atiende y lo resuelve en el momento, postergarlo es como no querer atenderlo. Por eso estamos haciendo todo esto”, sostuvo el líder legislativo durante la vista pública en la que se evalúo la medida, luego que fuera aprobado por el Senado el pasado 14 de octubre.

El P. de S. 63 ha generado preocupación en diversos sectores de Puerto Rico por considerar que representa un retroceso debido a que limitaría el acceso de los ciudadanos a datos fundamentales.

La discusión que se presentó ante la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, quien destacó la importancia de mirar distintas perspectivas.

“No puedo invalidar la opinión ciudadana, tampoco la de las agencias que están día tras día sometidos a trabajar contra el reloj. Todo esto tenemos que mirarlo de una forma justa con mucha sensatez para ver de qué forma podemos armonizar y se cumpla con ambos cometidos”, señaló al tiempo que reconoció que “el Estado debe brindar unos servicios con transparencia”. 

La audiencia contó con una decena de ponencias entre entidades periodísticas, civiles y agencias gubernamentales. El primero panel estuvo compuesto por organizaciones como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Overseas Press Club (OPC), el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAAPR), la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y entidades comunitarias, entre otros, donde el consenso entre los deponentes fue claro: oposición al proyecto y demanda de mayor espacio para la discusión y participación de otros sectores sociales.

“No queremos quedarnos sin una Ley de Transparencia. Queremos una ley mejor”, expresó Wilma Maldonado Arrigoitia, presidenta de la Overseas Press Club.

Criticó que la propuesta elimina condiciones importantes establecidas en la Ley 141-2019, como la agilidad y economía en el acceso a la documentación pública. “Avalar la medida no solo sería perjudicial para los miembros de la prensa del país, sino también para la comunidad en general”, sostuvo. 

Nydia Bauza, presidenta de ASPPRO, denunció que el proyecto busca desalentar la fiscalización pública y añadir burocracia, extendiendo los plazos de respuesta hasta cuarenta días.

“Un término de 40 días es irrazonable y no funciona para cumplir con las necesidades de la prensa,” subrayó, insistiendo en que los plazos deberían ser razonables y no exceder los cinco días.

Mientras tanto, Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza, acudió en representación del ciudadano común, para expresar la importancia de que las comunidades tengan acceso a información detallada de los proyectos que se desarrollan en sus comunidades y perjudican a los ciudadanos y accesos a viviendas y trasportación.

“Desacertadas las recomendaciones y el lenguaje incluidos en el proyecto. Entendemos que socava la independencia y transforma un proceso en algo técnico. Nosotros como comunidad en Loíza llevamos mucho tiempo solicitando a ODSEC información sobre los fondos del fideicomiso perpetua de comunidades especiales, pero todo se basa a lo que hay disponible a la oficina que dirige Sila María Calderón. Me da coraje la falta de respeto a nuestras comunidades cada vez que pedimos información”.

Argumenta «a favor» el sector gubernamental

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) identificó varios puntos problemáticos en el proyecto, tales como el aumento de los plazos para entrega de información, la imposición de requisitos adicionales para solicitar datos y la insuficiencia de sanciones para agencias que no cumplan con la ley. El gremio aportó testimonios de ciudadanos que, en vistas públicas previas, relataron las dificultades y los efectos adversos de la falta de acceso a documentos públicos.

En el segundo panel, compuesto por agencias gubernamentales, las opiniones contrastaron de manera significativa.

El Departamento de Justicia, por un lado, defendió que las enmiendas propuestas a la Ley de Transparencia fortalecen el marco normativo vigente, al armonizarlo con la doctrina establecida tanto en el ordenamiento jurídico local como en el federal “Freedom of Information Act” (FOIA). 

Mientras que la Oficina del Inspector General (OIG) sostuvo que el acceso a la información pública y el acceso a la ciudadanía sigue estando presente.

Durante la discusión, que se prolongó por más de seis horas, el presidente cameral aseguró que el proceso sigue abierto a las aportaciones y que se evaluarán todas las opiniones antes de tomar una decisión.

“Nosotros queremos hacer nada atropellado, queremos dar los espacios que sean necesarios. No queremos aprobar medidas por descargue, aunque pudimos haberlo hecho desde el primer día y no. Dije que se iba a celebrar vistas públicas”, destacó Méndez.