Actualmente los exgobernadores Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez se benefician de las escoltas.

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes puso sobre la mesa el futuro de la protección policial a exgobernadores y funcionarios públicos de Puerto Rico.

La discusión que se dio en vista pública tuvo como eje el Proyecto del Senado 752 (P. del S. 752) de la autoría del senador Juan Oscar Morales, que fue aprobada hace una semana por la cámara alta, para enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 83- 2025, “Ley de la Policía de Puerto Rico”. La medida busca restringir la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios públicos. 

El proyecto establece que el derecho a escolta de los exgobernadores deberá cesar automáticamente al finalizar su término, salvo que se identifique una amenaza real y específica certificada por el Superintendente de la Policía. En esos casos, se podrán autorizar escoltas limitadas, temporales y sujetas a revisión. Asimismo, exige que los exgobernadores o exfuncionarios convictos de delitos graves o menos graves pierdan, automáticamente, el derecho a escolta o protección, sin importar el foro judicial de la convicción.

El Departamento de Justicia apoya la medida, destacando que es consistente con la política pública de ahorro, transparencia y equidad, y que refuerza la confianza ciudadana en las instituciones. Además, “considera que la propuesta es razonable y proporcional, y que respeta los derechos adquiridos de los exgobernadores, siempre que se garantice el debido proceso de ley”, enfatizó Ketsey García Rosario, secretaria auxiliar de asesoramiento legal del Departamento de Justicia, durante su ponencia.

El P. de S. 752 fue atendido junto a la Resolución Conjunta de la Cámara 188, para ordenar al Superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, que realice todas las gestiones necesarias y pertinentes para revertir los beneficios de seguridad y protección provistos a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced tras su admisión de culpabilidad ante el Tribunal Federal de Distrito.

Actualmente, Vázquez Garced conserva el privilegio de transportación y seguridad de un equipo compuesto por cuatro agentes y un supervisor, tras alegación de “derecho adquirido” a través de la Ley 83, según indicara el Superintendente.

Sin embargo, Justicia entiende que la RCC 188, por el contrario, “pretende ordenar la cancelación de escoltas en un caso individual y sin marco procedimental alguno. Lo que constituye una actuación incompatible con garantías constitucionales que rigen la función pública y los derechos de propiedad reconocidos por el Tribunal Supremo. Contrario al P. de S. 752, que aborda el asunto de manera genera, prospectiva y conforme al debido proceso”, explicó García Rosario.

La audiencia contó además con la presencia de la Policía, representados por el licenciado José Vázquez y el inspector Alfredo Zayas, director de la división de Seguridad y Protección de la Oficina del Superintendente, quienes abordaron cómo se gestionan las escoltas.

La división cuenta con un equipo de trabajo aproximado de 102 agentes destacados en todo Puerto Rico y otros 39 agentes asignados, específicamente, al servicio protección a dignatarios. Para efectos de seguridad, se establece una asignación de un máximo de dos vehículos, siete agentes como personal de escolta y un supervisor. No obstante, el Superintendente tiene la autoridad para decidir según su criterio como jefe del cuerpo.

Establecieron que, conforme con la Orden General 110, los dignatarios cobijados para el derecho a escolta incluyen exgobernadores y funcionarios adscritos al Departamento de Estado, Senado, Cámara de Representantes, Comisionado Residente y otros que, bajo amenaza o riesgo, sea autorizado por el Superintendente.

La Comisión cuestionó si la Policía tiene constancia de que existe alguna amenaza vigente, lo cual no pudo precisarse. Ante esto, se otorgó un plazo de cinco días para que la división someta información al respecto, así como estadísticas sobre eventos que hayan puesto en riesgo la seguridad de los exfuncionarios y dignatarios activos.

Según trascendió en la vista, actualmente, cuatro exgobernadores —Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi— se benefician del servicio de escoltas.

En respuesta a las inquietudes legislativas, Zayas estableció que la “misión como parte de la oficina es seguir las políticas y procedimientos del Superintendente y las leyes según lo estipule”. Sin embargo, del Superintendente solicitar una recomendación, como director de seguridad es parte de sus responsabilidades como miembro del equipo brindar sugerencias a base de las necesidades presentadas.

Por su parte, el licenciado José Vázquez, asesor de la Policía, dejó entrever que, aunque el Superintendente tiene la potestad de hacer ajustes respecto a las escoltas, no tiene la potestad de retirarla si fue un derecho adquirido; tampoco si entiende que existe riesgo a la seguridad.

“Esta comisión va a seguir atendiendo de manera correcta y comprometido”, reafirmó Pacheco Burgos.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública compartió además que la asamblea extendió una invitación a los exgobernadores Sila María Calderón, Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi Urrutia, Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vilá para promover la participación y el intercambio de perspectiva en torno al tema. 

Al momento, Fortuño confirmó la invitación e indicó que “se encuentra fuera del territorio” y solicitó un plazo de 10 días para emitir comentarios sobre el proyecto.

García Padilla hizo lo propio y también solicitó copia de las medidas para poder evaluar antes de emitir expresiones formales o comparecer a la vista.