Una jueza desestimó la demanda que buscaba que la Legislatura observara la ley que ellos mismos autorizaron sobre el trámite del Plan de Cambio Climático.

Una jueza superior desestimó la demanda con la que se buscaba que la Legislatura obedeciera la ley que ellos mismos autorizaron sobre el trámite que debe seguir el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), el documento con el que se supone que el gobierno prepare a la isla para mitigar y atender los efectos del calentamiento global.

La organización demandante, el Puente de Williamsburg, Inc., había reclamado que la Ley 33 de 2019, Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, mandataba que la Legislatura sometiera el plan a consideración de sus respectivos plenos “no más tarde de la culminación de la próxima Sesión Ordinaria”.

El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) presentó el plan a la Comisión Conjunta de Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático el 22 de julio de 2024, por lo que la “próxima” sesión fue la de este año que terminó el 30 de junio pasado. Como la comisión no lo llevó a los plenos antes de esa fecha, la organización demandó el 13 de agosto planteando que no buscaba obligar un voto a favor o en contra de la comisión, sino a cumplir con el mandato de ley de que lo sometiera a la consideración de los cuerpos.

El Senado y la Cámara de Representantes se opusieron, y el 6 de octubre pasado la jueza superior Aileen Navas Auger les dio la razón y desestimó la demanda.

“De un estudio de los Artículos 15 y 16 de la Ley 33-2019, resulta con claridad que ante la Comisión se debe dar un proceso deliberativo, característico de los procesos ante comisiones legislativas. Es por esa razón que este Tribunal esta impedido de ordenarle a la Comisión a actuar sobre prerrogativas legislativas, que además están dentro de los contornos de la ley misma… se podría decir que la solicitud de El Puente es prematura, pues una vez el plan sea aprobado por la Comisión es que tendrían derecho a exigir la presentación del plan ante el pleno, que podría interpretarse como un deber ministerial a ser exigido mediante un Mandamus”, indicó la jueza en su sentencia.

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