El Departamento de la Familia firmó una orden administrativa para conceder 90 días a hogares de cuido para completar el proceso de licenciamiento.

En medio del incremento de la población de adultos mayores en Puerto Rico, el Departamento de la Familia (DF) identificó más de un centenar de centros de cuidado prolongado que operan en clandestinaje.

De las 110 instituciones que funcionan sin una licencia vigente emitida por la agencia, 99 continúan operando con documentos vencidos que están en proceso de renovación, mientras que 11 no ha radicado la solicitud.

Así lo expresó la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, en la vista pública que pretendía atender la Resolución de la Cámara 258 (R. de la C. 258), presidida por el representante Ricardo Rey Ocasio Ramos, para ordenar la realización de un estudio abarcador sobre la cantidad de centros de cuido prolongado para adultos mayores que operan sin permisos en Puerto Rico.

El panel estuvo compuesto por la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) y la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO).

Roig Fuertes explicó que los datos son el resultado de una radiografía preparada por el Departamento luego de que identificaron que la agencia no contaba con números precisos de la cantidad de adultos mayores subvencionados en hogares o centros de cuido prolongado.

“Hicimos un esfuerzo conjunto para que los centros de adultos mayores recibieran el pago correspondiente y el atraso del año fiscal que corría, el cual concluyó en junio 30. Estos últimos pagos se hicieron a mediados de julio. Eso nos llevó a encomendar un censo, una radiografía clara y precisa de cuidados prolongados licenciados por el Departamento de la Familia. Encontramos, muchos centros con licencias vencidas y otros que nunca la han tenido”, destacó Roig Fuertes durante su ponencia.

La ley obliga a cumplir con el requisito de licenciamiento de estos establecimientos. Esta acción busca garantizar que la población servida no sea explotados, abandonados, maltratados o expuestos a daños físicos, emocionales y sociales. No renovar la licencia provocaría el cierre del centro y, a su vez, el traslado de envejecientes a otros centros. También provocaría una sobre población en los existentes.

Tanto para el Departamento de la Familia, como para las ASCCLD, FICPRO y la misma comisión, una de las principales preocupaciones con los hogares clandestinos es la falta de supervisión y la competencia desleal que se genera. Esos aspectos ponen en riesgo la seguridad de las personas que albergan.

“Operan con tarifas reducidas que no reflejan los costos reales de un servicio en cumplimiento. Los hogares licenciados deben invertir en infraestructura segura, generadores eléctricos, seguros, protocolos de emergencia, alimentación balanceada, personal entrenado y registros clínicos. En contraste, los clandestinos abaratan costos eliminando esas obligaciones y exponiendo a los adultos mayores a condiciones indignas, faltas de medicamentos y ausencia de planes de emergencia”, denunció, por su parte, Minerva Gómez, presidenta de la ADCCLD.

Es por lo que la Asociación, la Federación y Familia coincidieron en realizar la investigación exhaustiva que propone la R. de la C. 258, para continuar mejorado la calidad de vida de los adultos mayores.

“Esto nos ayuda a planificar, organizar y presupuestar, en situación de emergencia nos pone en una mejor posición de poder asistir al hogar y los adultos mayores”, apuntó Roig Fuertes.

Establecen amnistía para evitar cierres

El Departamento de la Familia, a través de su Oficina de Licenciamiento, es la entidad con la facultad legal de evaluar, licenciar y supervisar todos los establecimientos que se dedican al cuidado de adultos mayores en Puerto Rico. 

Actualmente, hay un total de 945 establecimientos licenciados (802 instituciones y 143 hogares sustitutos), que albergan a 16,000 adultos mayores. 

“Tomando en cuenta la necesidad de contar con el servicio de estos centros en el país y las peticiones de subvenciones, tomamos la determinación de abrir una amnistía”, señaló la funcionaria.

La Orden Administrativa 2026-2 ofrece una prórroga de 90 días, para que los centros de cuido prolongado que dejaron vencer sus licencias puedan renovarla. 

La Oficina de Licenciamiento de DF cuenta con oficinas en Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Caguas, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan, disponibles para realizar el trámite. 

El proceso no debe exceder un periodo de 60 días posterior a que se haya sometido una solicitud. 
Cabe destacar que, dos meses antes del vencimiento de la licencia, la Oficina de Licenciamiento emite correos electrónicos, alertando el periodo de vencimiento del permiso, para que cada centro efectúe su renovación.

Sin embargo, muchos de los hogares identificados como clandestinos no realizaron ninguna acción administrativa para completar el trámite. 

Ante esto, el representante Ricardo Rey Ocasio Ramos, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, cuestionó la decisión de Familia, al autorizar el periodo de gracia que concluye el 17 de noviembre, adicional a los dos meses que -de manera anticipada- se notificó el vencimiento de la licencia. Por entender “es mucho tiempo”.

“Una amnistía no es un premio a nadie”, replicó la secretaria de Familia. “La amnistía responde a que necesitamos que todo el mundo se ponga al día y puedan seguir funcionando y cumpliendo con los estándares mínimos de operación establecidos por ley y reglamento. En lugar de nosotros continuar cerrando hogares que dan un servicio al país y que muchas familias necesitan”, justificó Roig Fuertes. 

Tras otorgase la amnistía, entre el 16 y 22 de septiembre, unos 47 establecimientos iniciaron el trámite de renovación de la licencia. Lo cual la ejecutiva describió como “positivo”. 

No obstante, en un aparte con NotiCel, el representante señaló que “este proyecto es importante para nosotros y vamos a estar bien pendientes».

El legislador, compartió además que la Comisión llevará a cabo visitas oculares al azar y vistas públicas adicionales que incluyan otras instituciones y al Departamento de Justicia, para procurar el bienestar de los adultos mayores.

También atenderá las preocupaciones de la Asociación y la Federación en cuanto a mayor fiscalización por parte de Familia, y reforzar la Ley 94-1977, Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada y atajar la falta de recursos humanos. El Departamento de la Familia anunció la apertura de una convocatoria de reclutamiento para puesto de inspector.