El nombramiento de Figueroa Betancourt continua bajo la lupa del Senado.

En medio de la controversia por alegada participación en lo que se describe como un esquema de demandas “frívolas”, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, evaluó ayer el nombramiento de David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI), en una extensa vista pública que dejó “muchas dudas” en cuanto al historial del candidato. 

Los señalamientos en oposición al nombramiento incluyen demandas contra negocios y agencias por incumplimientos a la Ley Federal de Personas con Discapacidades (ADA, en inglés), amenazas e intimidación relacionadas con el equipo de trabajo legal asociado al nominado.

“Por todos los medios traté de que el récord quedara lo más claro posible. Todos los senadores tuvieron la oportunidad de preguntar e intervine para aclarar el récord. Pero hay dudas que legítimamente se plantearon y tienen que aclararse. Vamos a examinar todas las ponencias que tenemos, toda la evidencia gubernamental que ha sido sometida y la que le fue requerida para determinar si hacemos otra vista o una reunión ejecutiva para evaluar lo que tenemos y tomar una decisión”, expresó el senador Thomas Rivera Schatz, en un aparte con los medios al concluir la jornada.

El presidente senatorial no pudo precisar cuánto tiempo podría demorar el proceso de examinación, pero augura que sea lo más pronto posible.

“Queremos ser justos con él y con todo el mundo”, enfatizó Rivera Schatz, quien, a pesar de simpatizar con el designado, está consciente de que entre cumplir o no con la Ley ADA, «no hay puntos medios”.

“Si hay algún establecimiento comercial que no cumple con ADA, tiene que cumplir porque tenemos un sector de la población que tiene derecho a tener un acceso sin barreras arquitectónicas. Pero más allá de eso, queremos confirmar la veracidad de los casos”, agregó Rivera Schatz.

A Figueroa Betancourt se le relaciona con el licenciado José Carlos Vélez Colón, quien ha presentado cientos de demandas por incumplimiento de ley ADA contra agencias, negocios y restaurantes.

Según señaló el senador Juan Oscar Morales durante la vista, Figueroa Betancourt sometió unas 27 reclamaciones bajo la asesoría legal de Vélez Colón. Ocho de estas fueron radicadas pocos días antes de conocer su nominación para dirigir la DPI.

En su turno frente a la comisión Figueroa Betancourt admitió haber realizados dichas reclamaciones legales. Y defendió que fueran presentadas tanto en su carácter personal como en calidad de director de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), “estrictamente por estar relacionadas con barreras arquitectónicas, cobijadas bajo la Ley ADA”. Rechazó, además, haber recibido dinero ni beneficios indebidos.

Firmes los comerciantes en oposición al nombramiento

La vista inició con las ponencias de varios comerciantes demandados que reclaman haber recibido notificaciones sobre deficiencias que dificultan los accesos a personas con diversidad funcional a sus respectivos establecimientos.

Uno de ellos lo fue Premium Pharmacy, que ubica en el centro comercial Laguna Gardens, en Carolina. Su propietaria, Lucy Villanueva, compartió que tras recibir la notificación del tribunal, tanto ella como otros comerciantes del área realizaron mejoras, pero a pesar de que las instalaciones estaban en “cumplimiento” tuvieron que llegaron a acuerdos de pago con Vélez Colón, «para evitar lo costoso que resultan estos procesos legales para los pequeños comerciantes».

Asimismo, el licenciado José Valenzuela Alvarado, señaló que el nombre de Figueroa Betancourt figura en las demandas a restaurantes como China Bistro, El Parrillon, Ferrari Gourmet, casa Habana y Bebo’s BBQ, que Vélez Colón presentó entre el 1 de julio y 8 de agosto del año en curso.

«Esta práctica constituye una extorsión a los comerciantes que ahora están tratando de sobrevivir y mover la economía de Puerto Rico”.

De hecho, Natanael Lantigua, propietario del establecimiento Bebo’s BBQ, en Carolina, también había sido demandado en 2016 ante alegaciones de incumplimiento en el baño de la localidad. En ese entonces, Lantigua construyó un baño adicional y contrató un ingeniero estructural que lo certifica, pero esta acción no detuvo el “chantaje”, por lo que requirió contratar a Valenzuela Alvarado como su abogado.

El licenciado Valenzuela levantó más cuestionamientos sobre un contrato de $25,000 otorgado por DPI a la empresa Neovisión LLC, incorporada en el mes de julio, a pocos días de la designación de Figueroa como procurador. La entidad está inscrita por la licenciada Sandra Velandia, exempleada del bufete legal de Vélez Colón.

“Me opongo al nombramiento. Si esta persona es confirmada y va a estar vinculada con Vélez Colón, yo y los comerciantes nos vamos a sentir defraudados”, expresó Villanueva ante la Comisión. 

A este respecto, Rivera Schatz aseguró que, “si encuentro algo que descalifique a este señor, no lo vamos a nombrar”. Yo vine a hacer un trabajo, no a tener paños tibios con nadie. Pero, no voy a despachar livianamente ninguna alegación ni para un lado ni para otro”.

“Si la evidencia muestra que actuó incorrectamente, no lo vamos a confirmar. Pero vamos a ser justos con ustedes, con él y con el pueblo de Puerto Rico”, subrayó Rivera Schatz, tras escuchar las ponencias del panel de comerciantes afectados.

En un aparte con NotiCel, Figueroa Betancourt se expresó optimista con la vista y se puso a disposición de la Asamblea Legislativa para someter cualquier otra documentación que se le requiera.

«Espero que se haga justicia y puedan evaluar toda la prueba documental presentada», reiteró.

Figueroa Betancourt fue designado por la gobernadora Jenniffer González para dirigir la DPI, el 11 de julio de 2025. Mientras su confirmación para el puesto continúa bajo la lupa del Senado.