Tres de los seis exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el presidente Donald Trump destituyó en agosto pasado lo demandaron en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico reclamando que no tenía autoridad legal para esa acción porque no había “causa” bajo la Ley PROMESA y porque son oficiales del gobierno territorial de Puerto Rico, no del gobierno federal.

El expresidente de la Junta, y juez de quiebras retirado, Arthur J. Gonzalez, la educadora Betty A. Rosa y el perito en retiro, Andrew Biggs, presentaron su demanda el jueves en la noche representados por el despacho legal internacional Cooley LLP, el abogado puertorriqueño David Indiano y las organizaciones legales sin fines de lucro Democracy Defenders Fund y Washington Litigation Group. Estas últimas dos tienen como parte de sus respectivas misiones enfrentar los excesos gubernamentales y defender el estado de derecho.

De los despedidos, no están como demandantes los tres exmiembros puertorriqueños, Cameron McKenzie, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas. Entre la ola de despidos que la Casa Blanca desató el 1 de agosto mediante correos electrónicos no estaba Biggs. Pero este criticó la destitución de sus compañeros en redes sociales y luego recibió un correo electrónico idéntico a los demás removiéndolo de su cargo.

Trump no ha hecho designaciones sustitutas, así que el ente fiscal opera solo con un miembro, John Nixon, quien está demandado también junto con el director ejecutivo, Robert Mujica. La continuación del nombramiento de Mujica depende de que la mayoría de los próximos miembros decida retenerlo, ya que es un nombramiento de confianza de ese cuerpo. El otro demandado es Sergio Gor, director de la Oficina de Personal de Casa Blanca.

El expresidente de la Junta, quien se retiró antes de la ola de destituciones, el profesor David A. Skeel, había adelantado que sus excolegas debían demandar.

La reclamación contra Trump está fundamentada en la sección de la Ley PROMESA que directamente califica a ese ente como un organismo del gobierno de Puerto Rico y no del gobierno de los Estados Unidos. A esto añaden la decisión, durante la primera presidencia de Trump, con la que el Tribunal Supremo federal reafirmó ese punto frente a alegaciones de algunos acreedores del gobierno que decían que el nombramiento de los miembros violentaba la Constitución de los Estados Unidos.

Los demandantes reconocen que recientemente Trump ha ejercido sus poderes para remover a distintos tipos de oficiales, pero resaltan que esos poderes abarcan nombramientos en la Rama Ejecutiva federal y no nombramientos de gobierno territoriales.

“Hay mucho en juego en este caso: si el presidente puede violar las leyes que el Congreso aprobó estableciendo gobiernos locales en los territorios, puede remover mañana a cualquier oficial territorial. Sobre esa teoría, puede también remover a oficiales del Distrito de Columbia, aún cuando ningún oficial ejerciendo autoridad en nombre de un territorio o del Distrito de Columbia pertenece o se reporta a la Rama Ejecutiva”, se plantea en el documento.

“Las presuntas destituciones son ilegales. No tienen base en la ley ni en los hechos. Y han dejado al juez Gonzalez, al Dr. Biggs y a la Dra. Rosa sin ninguna otra opción que presentar esta demanda”, añade.

Afirmaron que los correos que recibieron notificando sus destituciones no establecían ninguna causa para las mismas, como requiere PROMESA, y que tampoco se les ha provisto hasta ahora ni una causa ni una audiencia para defenderse.

Los remedios legales que solicitan son una declaración de que las remociones fueron ilegales y que tienen que ser reinstalados, que solo pueden ser removidos con “causa”, que los correos fueron ilegales y no tienen efecto, que los demandantes tienen derecho a vista y a un debido proceso de ley, y que los demandados están impedidos de ejecutar las destituciones.

Los tres demandantes tienen términos que expiran en 2027. Gonzalez y Biggs han sido miembros desde la inauguración de la Junta en 2016. El primero como candidato de los demócratas en la Cámara de Representantes y el segundo como candidato del senador republicano Mitch McConnell. Rosa entró en 2020 como candidata del senador demócrata Chuck Schummer.

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