A la ganga se le ocupó una propiedad que tenían listada en AirBnB, mientras las autoridades federales guardan silencio sobre suegro de Félix Verdejo.

El hijo de senador penepé Gregorio Matías, Gregory Lee “Pinki” Matías Gutiérrez, y el suegro del boxeador Félix Verdejo Sánchez, Miguel Ángel “Enano” Santiago Laiz, son dos de las 40 personas arrestadas hoy después de que un gran jurado federal los acusara de narcotráfico y asesinato como parte de una alianza de organizaciones criminales que se conocía como “1500”.

Matías Gutiérrez está acusado de participar en dos de los tres asesinatos achacados al grupo, incluyendo el del policía Miguel Pérez Ríos, muerto a tiros el 7 de septiembre de 2015. En 2021, el hombre, de 27 años, fue arrestado y encarcelado por delitos relacionados con la Ley de Armas.

Los implicados en los asesinatos podrían enfrentar la pena de muerte si el Departamento de Justicia federal lo autoriza.

De los 40 acusados, unos estaban ya presos, hay 12 que están fugitivos y otros fueron arrestados esta mañana en un operativo en el que participaron agentes federales, del Negociado de la Policía y de las policías municipales de Carolina y Guaynabo.

Las otras dos víctimas no están identificadas. Se trata de la muerte de W.L.A., registrada el 9 de enero de 2015, y W.X.M.G., registrada el 22 de abril de 2015. A los gatilleros de la alianza se les permitía tatuarse la frase “STARS, INC”, mientras que otros miembros se tatuaban “1500” o “Los Mil Quinientos” para identificarse.

El jefe de los fiscales federales, W. Stephen Muldrow, rechazó ofrecer detalles sobre Santiago Laiz, debido a que el juicio federal contra Verdejo Sánchez, acusado por el asesinato de una pareja que tenía fuera del matrimonio y de la criatura de ambos que esta cargaba en su vientre, está pautado para comenzar la semana que viene. “No tiene nada que ver”, se limitó a decir sobre la acusación de hoy y el caso contra Verdejo Sánchez, así como que apuntó a que el hecho de que Santiago Laiz ocupa el segundo lugar en la lista de acusados “refleja que tenía una posición en la ganga bien alta como suplidor de drogas”.

El número uno es Orlando “Barber” Carmona Serrano y los grupos habrían operado en los residenciales Manuel A. Pérez, Alejandrino y Los Laureles, así como en el barrio San Isidro, en Canóvanas. Carmona Serano y Matías Gutiérrez están acusados por los mismos asesinatos.

“Las gangas violentas son una amenaza real a la seguridad pública y esta ganga en particular era una de las más violentas que Puerto Rico ha visto. Los líderes de esta organización actuaron con completo menosprecio a la autoridad y la vida humana y causaron mucho daño a las comunidades en las que operaron”, aseguró el jefe del FBI en la isla, Joseph González.

La acusación del 8 de junio alega que desde 2015 hasta el 8 de junio de 2023, la organización de tráfico de drogas distribuyó heroína, cocaína base (comúnmente conocida como “crack”), cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodona (Percocet) y alprazolam (Xanax) en estos residenciales.

Como parte de la conspiración, los acusados utilizaban apartamentos abandonados en los proyectos de vivienda pública para preparar las drogas para su distribución en los puntos de venta y obtenían acceso a numerosos vehículos para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego. Para ello, los cómplices robaban autos o compraban autos robados a otros para utilizarlos en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Algunos de los acusados vendían drogas en presencia de menores de edad.

Los acusados desempeñaron diferentes roles para promover los objetivos de la conspiración de tráfico de drogas, tales como líderes/proveedores, ejecutores, mensajeros, vendedores, vigilantes y facilitadores. Los miembros de la pandilla utilizaban la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control en las áreas en las que operaban.

De ser hallados culpables, enfrentan desde 15 años hasta vida en prisión. También, cargo de confiscación por $38 millones que abarca una propiedad en la urbanización Campo Rico, San Juan, que estaba listada en la plataforma de alquiler a corto plazo All defendants are facing a narcotics forfeiture allegation of $38,000,000 and a property in Campo Rico AirBnB como “La Casa Roja”.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Tareas de Calles Seguras de Pandillas Violentas del FBI en San Juan, que está compuesto por agentes especiales y oficiales de tareas conjuntas del FBI en San Juan, la Oficina de la Policía de Puerto Rico (PRPB), la Policía Municipal de San Juan, la Oficina Federal de Prisiones (BOP), el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD-OIG), el Departamento de Policía Municipal de Carolina y el Departamento de Correcciones de Puerto Rico (PRDOC).