La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez informó el martes, que Valentín Valdes Ayala fue sentenciado a 11 años y dos meses de prisión por la jueza presidenta del Tribunal Federal Aida Delgado-Colón.

Detalló que para el 16 de abril pasado, Valdés Ayala fue hallado culpable de 29 cargos de fraude de quiebra, falsificación de registros de quiebra, fraude electrónico, robo de identidad agravado y desacato a la corte. La Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en colaboración con el administrador de los Estados Unidos, estuvo a cargo de la investigación.

Señaló que durante el transcurso del juicio la evidencia demostró que el propósito del plan fraudulento era obtener ganancias financieras y de obstaculizar, retrasar y obstaculizar los esfuerzos de recolección por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de ASUME, y/o por los beneficiarios de pensión de manutención de menores contra deudores de manutención de niños que no habían cumplido con sus obligaciones de manutención de niños.

Rodríguez indicó que Valdés Ayala incorporó una organización sin fines de lucro llamada Fundación Lucha Pro-Padres convictos por Pensión Corp., con el supuesto propósito de defender los principios y la dignidad de cada padre condenado por falta de pago de manutención de niños y de la obtención y promoción de la liberación de todos los presos, así como la defensa de las relaciones padre-hijo. También creó Lágrimas en la prisión, Inc., una corporación con fines de lucro que fue constituida con el propósito declarado de la preparación de pedidos de quiebra.

Mientras, la funcionaria señaló que el acusado, a través de Fundación Lucha Pro-Padres convictos por Pensión, Corp. [sic], solicitó individuos que fueron encarcelados o se enfrentaron el encarcelamiento por no cumplir con sus pagos de manutención de niños, con la promesa de que aquellos individuos – a cambio de honorarios pagados a él y/o su entidad – que sería puesto en libertad de la cárcel y/o evitar el encarcelamiento sin antes tener que hacer ningún pago de sus deudas de manutención de menores. Valdés Ayala, a veces también prometió que iba a obtener la eliminación y/o reducción de la deuda de manutención de menores subyacente.

El acusado entonces presentaba o hacía que se presentaran peticiones al Capítulo 13 de bancarrota que permitió a los deudores a ser puestos en libertad sin tener que pagar la manutención atrasada a ASUME debido a la operación de la suspensión automática de la quiebra en contra de las acciones de cobro.

Con respecto a sus honorarios, Valdés Ayala indicó a sus potenciales clientes que su tarifa incluida la representación legal (a pesar de que no es un abogado), las tasas de presentación, y una membresía término en su entidad, que les garantizaría la representación legal de sus hijos en el caso de manutención durante toda la duración de su membresía. Al recibir el pago del demandado, proporcionaría un recibo indicando que el pago fue una donación.

El acusado preparaba y presentaba pedidos de quiebra bajo el Capítulo 13 con los nombres de los clientes. Las peticiones no fueron presentadas con el fin de contar con los clientes de participar en el Capítulo 13 de reorganización de sus deudas, pero para el propósito impropio de la utilización de las leyes de bancarrota de Estados Unidos para cobrar las cuotas con la promesa de alivio de encarcelamiento.

Como parte del plan, Valdés Ayala ayudó a cientos de deudores con la presentación de peticiones falsas y fraudulentas al Capítulo 13 sobre pedidos de quiebra. Desde agosto de 2010, hasta noviembre de 2013, 412 solicitudes de certificados de asesoría de crédito se procesaron a través de la cuenta de Valdés Ayala con la Fundación Asesores de Crédito. Estos certificados fueron incluidos junto con la petición de bancarrota.

El caso fue procesado por los fiscales federales auxiliares Mariana Bauzá y John Mathews.