Jonathan Ruiz Irizarry, quien fungiera como ayudante especial del alcalde del municipio de Lajas en el año 2011, tendrá que responder a las autoridades luego de que un juez encontrara causa para arresto en su contra el martes, en ocho cargos graves por negociar unos contratos de forma ilegal y utilizar su posición para adelantar el pago de los contratos que le otorgó el municipio a este y su compañero de negocios.

Según se desprende de una auditoría referida por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Ruiz Irizarry se unió a Pedro Alameda Camacho para crear la compañía DJ Universal Contractors Corp. con el propósito de hacer negocios con el municipio. La empresa fue creada mientras Ruiz Irizarry se desempeñaba como funcionario público.

El también exdirector de arte y cultura y secretario municipal del mencionado pueblo, logró que durante el período comprendido entre agosto de 2011 y diciembre de 2012 el municipio de Lajas le otorgara seis contratos a la entidad creada. Esos contratos totalizaron la suma de $563,800.

Fue mientras Ruiz Irizarry fungía como secretario municipal que este gestionó el pago del dinero adeudado a su empresa y pudo obtener beneficios.

Por el esquema antes mencionado el juez Daric Cruz Martínez del Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto en un cargo por infringir la Ley de Ética Gubernamental y siete cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

Sin embargo, no encontró causa contra Pedro Alameda Camacho, a quien se le presentaron ocho cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público y seis cargos por falsedad ideológica. En este caso, la Fiscalía evaluará si presentará el caso en alzada.

El magistrado impuso una fianza global de 8,000 dólares contra Ruiz Irizarry, la cual pudo prestar a través de un fiador. La vista preliminar fue pautada para el próximo 7 de diciembre de 2015.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Gabriel Reyes Vázquez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, en unión al agente Juan Pastrana Negrón del Negociado de Investigaciones Especiales.