Aunque el secretario del Departamento de Hacienda, Jesús Méndez, reconoció que al momento solo 143 personas han reclamando sus premios en el sorteo de IVU Loto, aseguró que se han incrementados los reclamos y la captación de dicho impuesto en el erario público.

Méndez reconoció a NotiCel que desde que comenzó el proyecto se han efectuado cerca de 788 sorteos y solo un 18% de los premios han sido reclamados. Sin embargo, Méndez aseguró que en enero de 2012 se han reclamado casi una tercera parte de los premios, aproximadamente 47 de ellos.

El secretario dijo que el incremento en los premios regulares, que ahora van desde $25 mil hasta los $500 mil, añade un premio especial adicional que ‘ha despertado mucho interés entre los consumidores’. De igual forma, resaltó que al momento se han registrado cerca de 1 millón de recibos o lo mismo que 66 mil personas, según sus cifras.

Méndez agregó que en los próximos dos meses espera cumplir con la meta de lograr que 60 mil comerciantes tengan instalado el dispositivo del IVU Loto en sus negocios.

No obstante, a preguntas de la prensa sobre la efectividad del mecanismo para asegurarse de que el impuesto que se le cobra a los consumidores esté llegando a las arcas del Gobierno, Méndez aceptó que han identificado al menos 9,000 comerciantes cuyos dispositivos registran las ventas, pero ellos no radican planillas a Hacienda. A estos comercios se les están enviando cartas, y si no cumplen y se descubre que ‘tienen intención de defraudar al fisco, se van a tomar medidas’, explicó el secretario.

Mientras tanto, hoy se le hizo entrega a la ciudadana Verónica Rodríguez Nieves, de una guagua Jeep Patriot que se ganó como parte del primer gran sorteo especial de IVU Loto. La compra que resultó ganadora la realizó en el Burger King de Corozal. Este sorteo especial también se efectuará el próximo 6 de marzo, el 7 de abril, el 5 de mayo y el 5 de junio.

Cámara de Comercio favorece investigación del IVU Loto
Mientras el titular de Hacienda resaltaba cómo lograron identificar unos 10 mil comercios adicionales para brindar el servicio de IVU Loto, no todo parece tan halagador para la empresa privada.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico participó hoy de una vista pública realizada en la Cámara de Representantes por parte de la Comisión de Asuntos del Consumidor y la Comisión de Hacienda, en la que favoreció realizar una investigación sobre el funcionamiento del IVU Loto.
En dicha vista, la licenciada Olga De La Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio, planteó que ‘la realidad es que se obliga a miles de comercios a registrarse en el programa, a adquirir el terminal fiscal e incurrir en los gastos que conlleva el programa, innecesariamente, pues no están obligados a cobrar el IVU a sus clientes’.
La licenciada explicó que implementar el programa sí conlleva a cargas económicas directas e indirectas para el comerciante, por los cargos de la generación de llamadas para cada transacción efectuada, las baterías, el papel, materiales y costos de mantenimiento.
Igualmente, De La Torre reconoció que pese a las orientaciones ‘aún hay serias lagunas y dudas entre los comerciantes sobre el funcionamiento e implementación del IVU Loto’.

Entretanto, la abogada resumió que algunas preocupaciones de los comerciantes van desde que los dispositivos de IVU Loto no son compatibles con las cajas registradoras, ‘lo que trae como consecuencia que el comerciante tenga que ejecutar una doble entrada de la transacción comercial’, hasta que el sistema no ofrece un cuadre de las ventas al final del día, las máquinas de IVU Loto no tienen garantía, hay negocios que no tienen conexión a internet o línea telefónica y/ o que no tienen seguridad de que las transacciones de ventas llegan al Departamento de Hacienda.

De otra parte, De la Torre aseguró que muchos comerciantes no recurren al mecanismo de apelación, acorde con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, por evitar gastos adicionales de índole legal.

Finalmente, De la Torre dijo que ‘la relación entre el Gobierno y el sector privado no puede ser exclusivamente una autoridad impositiva’.