El máximo foro judicial ordenó además al alguacil del tribunal incautar la obra notarial y el sello notarial de la exgobernadora para entregarlos al director de la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe correspondiente.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, según surge de la sentencia emitida el 16 de marzo en el caso disciplinario In re: Wanda Vázquez Garced, TS-8709.

“Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede… se suspende de forma inmediata e indefinida a la Lcda. Wanda Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría”, dispone la sentencia del Tribunal Supremo.

El máximo foro judicial ordenó además al alguacil del tribunal incautar la obra notarial y el sello notarial de la exgobernadora para entregarlos al director de la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe correspondiente.

Asimismo, la sentencia establece que Vázquez Garced deberá notificar inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, devolver los expedientes de los casos pendientes y reintegrar honorarios recibidos por trabajos no realizados.

El Tribunal Supremo también ordenó que informe de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo donde tenga asuntos pendientes y que acredite ante el tribunal el cumplimiento de estas disposiciones dentro de un término de 30 días.

“De igual manera, deberá informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días”, señala el documento judicial.

La sentencia añade que, como consecuencia de la suspensión de la práctica notarial, la fianza que garantizaba sus funciones queda automáticamente cancelada, aunque se considerará válida por tres años respecto a los actos realizados mientras estuvo vigente.

Vázquez Garced había solicitado al Tribunal Supremo el archivo del caso disciplinario al alegar que un delito menos grave y sus más de 40 años de carrera legal no ameritaban una sanción disciplinaria.