Legisladora y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura de San Juan, Lcda. Ingrid Colberg Rodríguez y del secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, alegaron un patrón negligente fiscal en el Municipio de San Juan
Miguel Romero/Foto suministrada.
El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, le salió al paso a las alegaciones de la legisladora y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura de San Juan, Lcda. Ingrid Colberg Rodríguez y del secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, quienes denunciaron el domingo un alegado patrón fiscal negligente en ese municipio.
Según ellos, eso se debe a una emisión de bonos por $323.7 millones aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de los cuales $209 millones se usarán para refinanciar deudas que datan desde 2007 y años posteriores. A juicio de los líderes de la pava, “esta determinación trasladará la carga y compromete a futuras generaciones de sanjuaneros”.
“El refinanciamiento de $209 millones aprobado por la JSF en vez de reducir la deuda del Municipio de San Juan, la empuja hacia las próximas generaciones de sanjuaneros. Esta acción por parte del alcalde Miguel Romero repite el patrón de administración fiscal negligente que llevó al gobierno central de Puerto Rico a la quiebra: endeudarse hoy, diferir el pago para el futuro, y presentarlo como si fuera un logro”, sostuvo Calderón Cerame.
Por su parte, la legisladora Colberg aseguró: “Lo que la administración Romero llama ahorro no es ahorro; es una ilusión contable. Los pagos anuales son menores porque el 60% de la deuda no se está pagando: se está aplazando. En 2033, la próxima generación de sanjuaneros tendrá que enfrentar un pago global de $123.9 millones que Romero no quiso pagar hoy. Eso no es gestión fiscal responsable”.
Tanto para Colberg Rodríguez como para Calderón Cerame el cuadro es más preocupante cuando según ellos, se consideran las proyecciones del propio Plan Fiscal Certificado de la Junta, que anticipa una caída poblacional de 17% entre 2029 y 2053 y un envejecimiento acelerado de la base contributiva.
Romero Lugo calificó como incorrectas las alegaciones de Colberg Rodríguez y Calderón Cerame.
“Las expresiones emitidas por varios funcionarios del Partido Popular Democrático no alteran un hecho objetivo y trascendental: el refinanciamiento de deuda aprobado fue evaluado y autorizado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y por la Junta de Supervisión Fiscal, luego de un riguroso análisis técnico, legal y financiero que confirmó su viabilidad, sostenibilidad y cumplimiento con la Ley de Financiamiento Municipal. Ambas aprobaciones fueron emitidas por entidades independientes al Municipio y responden exclusivamente a criterios técnicos, legales y financieros», indicó Romero Lugo.
«Resulta incorrecto presentar esta transacción como si se tratara de una nueva política de endeudamiento. Refinanciar una deuda existente bajo mejores condiciones financieras y generando ahorros sustanciales constituye una administración más eficiente de obligaciones que el Municipio ya tenía. Estamos hablando principalmente de un refinanciamiento de obligaciones previamente existentes, la inmensa mayoría contraídas años antes de esta administración, acompañado de una emisión mucho menor para financiar parcialmente mejoras permanentes y cubrir los costos propios de la transacción, todo ello bajo condiciones financieras más favorables para reducir el costo del servicio de la deuda, fortalecer la posición fiscal del Municipio y proteger la capacidad del Gobierno Municipal para continuar prestando servicios esenciales», sostuvo.
«También carece de fundamento afirmar que los aproximadamente $84 millones en ahorros proyectados constituyen una “ilusión contable”. Ese ahorro representa una reducción real en el costo del servicio de la deuda y permitirá que aproximadamente $84 millones permanezcan disponibles para atender las prioridades de nuestros ciudadanos, en lugar de destinarse al pago de intereses y otros costos financieros. Ese beneficio económico es consistente con el análisis técnico que permitió la aprobación de esta transacción por parte de la AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal. Este tipo de refinanciamiento constituye una práctica responsable y común en la sana administración pública y en el sector privado cuando permite mejorar la estructura financiera y reducir costos», añadió el ejecutivo municipal.
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