Pese a la oposición de periodistas, organizaciones civiles, sectores legales y legisladores de minoría que advirtieron que la legislación impone nuevas trabas al derecho ciudadano a fiscalizar la gestión gubernamental.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 63, una medida que introduce cambios sustanciales a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, pese a la oposición de periodistas, organizaciones civiles, sectores legales y legisladores de minoría que advirtieron que la legislación impone nuevas trabas al derecho ciudadano a fiscalizar la gestión gubernamental.

La nueva Ley 156-2025, impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue firmada como parte de un paquete de legislación anunciado por La Fortaleza, pero se ha distinguido por la controversia que generó desde su aprobación en el Senado y su descargue nocturno en la Cámara de Representantes, sin debate en el hemiciclo.

En declaraciones escritas, la gobernadora defendió la medida al sostener que las enmiendas buscan “propiciar el cumplimiento” de la Ley 141-2019 y aclarar el proceso mediante el cual los ciudadanos solicitan información pública.

Según la mandataria, la legislación vigente había generado confusión entre agencias, la comunidad legal, la prensa y la ciudadanía, lo que —alegó— provocó litigios innecesarios.

No obstante, organizaciones periodísticas y entidades de la sociedad civil han advertido que los cambios aprobados no aclaran el proceso, sino que lo hacen más restrictivo. Entre las enmiendas más cuestionadas figura el aumento de los plazos de respuesta de las agencias gubernamentales, que ahora podrán tardar hasta 20 días laborables en oficinas centrales y hasta 30 días en oficinas regionales.

La ley también elimina la obligación de entregar la información en el formato solicitado, autoriza a las agencias a exigir datos personales como dirección postal y correo electrónico, y les concede discreción para obligar a los solicitantes a revisar documentos en persona durante un solo día, en lugar de proveer copias, lo que según sus críticos limita el análisis, la investigación y la fiscalización pública.

El PS 63 fue aprobado en el Senado sin la celebración de vistas públicas y rechazado por una amplia coalición que incluyó a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, organizaciones de derechos civiles, estudiantes y docentes universitarios. Ninguna de las recomendaciones presentadas por estos sectores fue incorporada al texto final.

Durante el trámite legislativo, legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Popular Democrático denunciaron que la medida restringe derechos constitucionales y envía un mensaje de opacidad institucional.

En contraste, el liderato del Partido Nuevo Progresista defendió el proyecto al sostener que no limita el acceso a la información pública.

Con la firma de la gobernadora, las enmiendas entran ahora en vigor, mientras organizaciones periodísticas y civiles han reiterado que continuarán evaluando sus efectos y no descartan acciones adicionales para defender el derecho del pueblo a saber cómo opera su gobierno.