La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, reaccionó a la petición de la senadora Joanne Rodríguez Veve a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, para que investigue la controversia por la querella de violencia de género.

“Desde esta oficina se sostiene de manera categórica que no se ha divulgado, confirmado ni validado información relacionada con querellas anónimas ni con documentos que formen parte de procesos confidenciales. La protección de la información sensitiva de quienes acuden a la OPM es una prioridad esencial y ha sido respetada con rigor en todo momento. La misión de la OPM es proteger a las mujeres, no participar en controversias que desvíen la atención de lo verdaderamente importante. Por ello, resulta injusto e impreciso sugerir irregularidades cuando la agencia ha cumplido plenamente con sus responsabilidades de confidencialidad”, dijo la procuradora en declaraciones escritas.

En la carta a Bondi, Rodríguez Veve, solicitó que se investigue “el origen de la carta anónima y las circunstancias de su divulgación ilegal el 20 de agosto, así como su posterior circulación a varios medios. Dos, que se determine si La OPM violó Las disposiciones de confidencialidad de la Ley federal de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés). Tres que evalúe si las políticas y procedimientos de la agencia son adecuados para proteger información personal de las alegadas víctimas. Y finalmente, que tome las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento con La ley federal y evitar más daños a las personas afectadas.

El pasado 24 de octubre, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres expresó que “la investigación realizada en torno al referido sobre una querella anónima que denunciaba que la senadora Joanne Rodríguez Veve, presuntamente, habría sido víctima de actos de violencia de género, concluyó sin que se encontraran elementos para someter denuncia alguna.

El Ministerio Público, llevó a cabo una evaluación de la evidencia disponible y se determinó que no se hallaron los elementos necesarios para iniciar un proceso criminal, al amparo de la Ley 54- 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

La querella fue radicada, según se dio a conocer, por una mujer que llegó a finales del mes de agosto hasta las oficinas de la Procuradora de las Mujeres. En el documento, se alegaba que la senadora era víctima de un patrón de violencia por parte de su entonces pareja, Carlos Mercader.