El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), general Arturo Garffer, aseguró que la reciente ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe —que incluye ataques con drones y bombardeos a embarcaciones saliendo de Venezuela— ha reducido el flujo de drogas hacia Puerto Rico, pese a no ofrecer datos que sustenten su afirmación.

“Con cada evento que vemos donde se ataca una embarcación, pues es droga menos que entra a Puerto Rico y a los Estados Unidos”, expresó Garffer durante un encuentro con la prensa, al ser cuestionado sobre la presencia creciente de fuerzas militares estadounidenses en la región.

El titular del DSP describió las operaciones como “golpes directos” a los llamados “narcoterroristas” y defendió el papel del gobierno local en la coordinación logística de esas misiones.

Ofensiva sin cifras verificables

Aunque el secretario vinculó las acciones militares con una supuesta disminución del narcotráfico, no presentó estadísticas del Negociado de la Policía, la DEA ni la Guardia Costera, agencias que usualmente publican los datos de interdicciones y decomisos.

Garffer argumentó que las operaciones estadounidenses generan “una disrupción” en las rutas del narcotráfico y que cada embarcación destruida representa “una pérdida estratégica para los carteles”.

“Se afecta la comunicación de ellos, sus rutas, su manera de operar. Esto va a causar una disrupción y nos permite denegar sus vías de oportunidad”, alegó.

A favor del despliegue militar estadounidense en la Isla

Garffer también confirmó que el gobierno local apoya la logística del despliegue militar estadounidense que se desarrolla en distintas zonas del país, incluyendo el grupo naval USS Ford, que —según dijo— entrará a la región “en los próximos días”.

“Estamos apoyando el despliegue y los pedidos o la política de nuestra nación sobre el tema”, añadió, al mencionar, la utilización de puntos estratégicos como la antigua base de Ramey, el puerto de Ponce y Arroyo para labores de coordinación.

El secretario reiteró que las fuerzas federales conducen las operaciones y que la participación del gobierno de Puerto Rico es de carácter “logístico y de apoyo”.