La Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos evalúa la posibilidad de reabrir el centro de detención de Aguadilla para albergar a los inmigrantes detenidos en Puerto Rico.

Unas 20,000 personas residen en Puerto Rico sin estatus migratorio definido, según el número conservador de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), y la instrucción estricta de la administración de Donald Trump es regresarlos a su país, sí o sí.

Unas 2,000 personas- de esas 20,000- tienen órdenes finales de deportación, lo que significa que ya han pasado por todo el proceso y no hay nada que se pueda hacer para mantenerlos en lo que en muchos casos ha sido su hogar por más de 20 años.

«Nuestra agencia hermana, Enforcement and Removal Office (ERO) tiene un número de órdenes finales de deportación. Muchos ya no están aquí, se han mudado, han fallecido, pero la directriz es asignarle recursos para que ejecuten esas órdenes finales de deportación», explicó a NotiCel la agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González.

Además de esas 2,000 órdenes- hay un total de 20,000 a nivel nacional- están los operativos regulares que ha estado realizando la agencia y que son resultado de trabajos de inteligencia interna, pero también de confidencias de venganza. «Llegan muchas confidencias de venganza, esposas, vecinos molestos y si es cierto, sí vamos a llegar ahí y se va a hacer la orden de remoción», sostuvo.

En la isla ya se han deportado 455 personas, en su mayoría de nacionalidad dominicana, haitiana, mexicana y venezolana. A esos sumaron 31 detenidos ayer en una gallera clandestina en San Juan. Pero también se han encontrado con el caso de una decena de uzbequistanes que han llegado a través de la República Dominicana, así como asiáticos que eligen la misma ruta o llegan a través de las Islas Vírgenes- Saint John’s o Tortola.

Activarán Aguadilla como centro de detención

En una reunión reciente en Washington, DC- se dijo que el cúmulo de casos es tal que será necesario reactivar centros de detención en desuso, incluyendo el de Aguadilla, para agilizar los procesos de deportación, así como poner a los jueces a trabajar sábados y domingos.

«En nuestro centro de detención solo hay 21 camas, es bien pequeño. ERO está constantemente sacando aviones para traer otras personas, es un movimiento constante. Se está auscultando abrir los centros de detención nacional, incluido el de Aguadilla que es enorme, porque tenemos una ubicación estratégica. La mayoría (de inmigrantes con estado migratorio no definido) van al Caribe, Centro y Suramérica. Estos centros tienen unos parámetros bien estrictos, equipo médico 24/7 y están 100% protegidos por directrices constitucionales», expresó González.

Las líneas aéreas y el ferry han facilitado las deportaciones libres de costo, pero quienes son deportados con récord criminal viajan a su país de origen en compañía de agentes federales.

Distinto es el caso de quienes abandonan la isla voluntariamente. Unos lo han hecho a su costo, pero ahora Seguridad Nacional está promoviendo el abandono voluntario -la autodeportación-, por lo cual la persona recibe un estipendio de $1,000 para costear su regreso. El dinero lo reciben una vez entran a su país.

¿Hay una cuota de deportaciones?, preguntó NotiCel. «No hay cuota, pero sí hay una instrucción estricta», indicó González.

No hay cuota, pero ¿no hay piedad?- «No sé cuál es la definición de piedad. Si la definición es que las personas que no tienen estatus migratorio definido tienen que regresar, pues esa es la realidad», sostuvo.

En la isla, la mayoría de los deportados son dominicanos, seguido de haitianos, mexicanos y venezolanos.

El proceso de deportación puede tomar días o puede ser expedito dependiendo la complejidad del caso. Según González, hasta donde tiene entendido ninguno de los deportados desde Puerto Rico han ido a Guantánamo o a El Salvador, sino a Miami, Louisiana y Missouri, entre otros estados.

A la situación se suma que los inmigrantes hasta ahora cobijados por el estatus temporero de detención debido a las circunstancias políticas de su país- Cuba, Venezuela y Haití-, ya no gozarán de esa disposición a partir de septiembre. Si al momento no han hecho los trámites para adquirir asilo político, tendrán 90 días para abandonar la isla.

«Todas estas personas se supone que solicitaran asilo y hay que verificar si tienen una solicitud que está activa, si lo está, o le extienden el estatus o les llega la residencia.