La exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, sugiere un cambio en manera de implementar un nuevo gobierno.

Nada de reformas grandilocuentes o proyectos faraónicos, el gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia y su gabinete deben enfocarse en estabilizar el gobierno y garantizar el funcionamiento básico de las agencias públicas antes de realizar un diagnóstico e implementar cambios, aseguró la exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes.

La nueva administración también debe procurar una solución permanente al dilema del impuesto a las empresas foráneas, revaluar los incentivos que se ofrecen bajo la Ley 22 y establecer demarcaciones claras que impidan a la Junta de Control Fiscal (JCF) interferir con el funcionamiento de las agencias.

En entrevista con NotiCel, la conocida contadora pública autorizada ofreció algunas recomendaciones al gobierno, que asume el poder a partir del próximo 2 de enero en medio del proceso de reconstrucción del país luego del paso del huracán María y de la negociación de la deuda pública.

“No quiero sonar presuntuosa de que pretendo saberlo todo, pero si él me preguntara… lo primero que le diría es que tiene que visualizar el gobierno desde el punto de vista de 40,000 pies de altura y evitar las reformas estas que suenan bien en papel, pero que cuando se van a implementar no funcionan”, afirmó Fuentes.

“Es momento de enfocarse en el funcionamiento de las agencias y corregir lo que se pueda corregir a nivel micro para que sean funcionales”, agregó.

Adjudicó esos problemas de funcionamiento al éxodo de empleados públicos. Desde la administración de Alejandro García Padilla hasta el gobierno de Wanda Vázquez Garced, el Estado ha promovido ventanas de retiro incentivado para reducir la nómina gubernamental como una medida de reducción de gastos.

Pero en ese proceso salieron del servicio público funcionarios con la experiencia necesaria para administrar las agencias.

Fuentes mencionó el Departamento de Hacienda y la Comisión Estatal de Elecciones, dos agencias que perdieron esa capa intermedia gerencial que ha afectado su capacidad de operar adecuadamente. Esa falta de experiencia, en parte explica, los tropiezos del ente electoral durante las pasadas primarias y las elecciones generales.

“Se abrieron ventanas de retiro por las presiones que recibió el gobierno para reducir su nómina y arbitrariamente se dejó ir gente que era clave para el funcionamiento de las agencias públicas”, enfatizó.

“Eso hay que atenderlo y ponerlas a operar para entonces ver que hay que reestructurar en esas agencias”, añadió.

Al repasar reformas fallidas o difíciles de implementar, Fuentes identificó la propuesta de la administración de Ricardo Rosselló Nevares que creó el cargo de Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés), que ocupó el también exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. Ese puesto, según explicó, duplicó tareas y añadió burocracia.

“No necesitas crear un puesto y una infraestructura completa, que fue parte de lo que vi y lo vi fracasar, quitándole presupuesto a otras agencias creando estructura sobre estructura porque es como poner un piso sobre otro, pero si la base no está bien corrígela, pero no trates de montar cosas encima para corregir porque algo va a fracasar”, apuntó.

Diálogo con la Junta

Desde el punto de vista económico, Fuentes recomendó al nuevo gobernador establecer un diálogo honesto con la Junta de Control Fiscal para evitar que afecte el funcionamiento del gobierno al intervenir de manera directa en las decisiones presupuestarias que corresponden a los jefes y jefas de cada agencia contrario al discurso público del ente fiscal.

En múltiples ocasiones, el expresidente de la Junta José Carrión III insistió en que dicho cuerpo solo establecería los parámetros de la “casa” o del presupuesto, pero que correspondía al Gobierno de Puerto Rico ordenar los “muebles” o las partidas presupuestarias. No ocurre así en la práctica.

“Ese cuadre fiscal que la Junta lleva ha ahorcado a algunas agencias a niveles significativos. Es casi una camisa de fuerza porque van renglón por renglón y tú tienes que confiar en el manejo que cada jefe de agencia hace de su presupuesto. Si gastó más o menos en los diferentes renglones, deja que ese jefe de agencia ejecute, si se sobregira ahí es que tú vas a estar velando para decirle que tiene que reencaminar esto. Pero no te puedes ponerle camisas de fuerza porque le impides el movimiento y va perdiendo efectividad”, señaló Fuentes.

“El problema es que esa relación con la Junta no ha sido buena. No ha sido buena porque a la vez que la Junta dice algo que al gobierno no le gusta, empiezan los ataques en público y así no se logra nada”, añadió.

Por eso, abogó por un cambio de estrategia para dejar a un lado ese estilo de dimes y diretes para sostener “conversaciones un poquito más objetivas” que permitan adelantar la agenda económica de Puerto Rico.

Bregar con el impuesto a las foráneas

Atendidos los problemas con la Junta y el funcionamiento del gobierno, insistió que resulta imperativo resolver el tema del impuesto a las compañías foráneas, que genera cerca de $2,000 millones anuales al fisco.

El mes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos divulgó un borrador de reglamento que elimina el crédito federal que reclaman las compañías foráneas, que pagan en la Isla el arbitrio del 4%, que creó la Ley 154 y que representa cerca del 33% de los ingresos del fondo general. Luego de conversaciones con el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el Tesoro explicó que esa disposición no aplicaba a la Isla.

Pero no es la primera vez que ese crédito federal que mitiga el pago del arbitrio corre peligro. La reforma tributaria que adoptó la administración del presidente Donald Trump hace tres años choca con el principio que permite el cobro de ese arbitrio en la Isla y desde su implantación el Tesoro ha anunciado su intención de eliminar el crédito federal, que gozan las compañías foráneas cuando pagan contribuciones en Estados Unidos y que amortigua el pago del arbitrio en la Isla.

“Debe ser un esfuerzo bipartita que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que ambos han trabajado con este tema en distintas administraciones, se unan de buena fe y aporten ideas para resolver esto porque a largo plazo no es sostenible”, indicó.

Aseguró que ese junte de voluntades es esencial para evitar las confusiones que crea cada bando cuando discute el tema por separado con la oficialidad en Washington, DC.

En esa línea, propuso a la administración nueva que apoye la medida presentada en el Congreso por la representante de las Isla Vírgenes, Stacey Plaskett, para otorgarle a Puerto Rico y los otros territorios una exención sobre el impuesto conocido como “Global Intangible Low Tax Income (Gilti)”, un impuesto que contemplado en la reforma tributaria de Trump. Esa medida cuenta con el respaldo de la congresista Nydia Velázquez.

Darle picota a los incentivos de las criptomonedas

Fuentes también favoreció la eliminación del impuesto al inventario, que podría sustituirse por una revisión de las contribuciones sobre la propiedad inmueble para no afectar los ingresos de los municipios, y enmiendas a la Ley 22 -que se consolidó con el Código de Incentivos- para eliminar algunas de las actividades que actualmente gozan de incentivos económicos.

“Hay que ser cuidadosos con los créditos contributivos que han erosionado mucho la base de estos incentivos y nos han hecho daño en términos de la percepción porque hay unos que son buenos y otros que no son tan efectivos”, apuntó.

“La cantidad desmedida y excesiva de solicitudes que ahora tú las sometes a un portal y ese portal electrónico no sé cuánta evaluación y criterio tiene. En papel todo suena muy bien, pero cuando lo llevas a la realidad yo personalmente pienso que hay actividades dentro de esa Ley 22 que no tenemos que estar fomentando. ¿Por qué fomentar el ‘cryptocurrency’? ¿Qué dinero deja en la economía más allá de un corredor que alquiló un apartamento y trabaja desde su apartamento? No tiene empleados, no está comprando propiedades distinto al inversionista que viene y compró un hotel o un edificio viejo abandonado y lo va a alquilar como oficina”, abundó.

Como parte de su análisis, Fuentes vio con buenos ojos la decisión del gobierno, que según fuentes de NotiCel, dejará en su puesto al Secretario de Hacienda.

Aseguró que esta determinación permite la continuidad de proyectos y da credibilidad a la agencia.

“Sería una pena que traigas a un secretario nuevo que pretenda cambiar cosas que a lo mejor es cuestión de darle los ajustes finales para que se resuelva. Lo otro es los estados financieros del Gobierno. Cada vez que sacas un trabajo echas hacia atrás ese trabajo porque a los editores les causa recelo e inseguridad cada vez que se dan estas iniciativas y todo se empieza a atrasar cada vez que vienen estos cambios”, concluyó.