Los pactos abordaban reformas en las agencias del orden sobre el abuso de la fuerza letal, prácticas policiales inconstitucionales y violaciones de los derechos civiles.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pondrá fin a los acuerdos de supervisión y reforma policial con las ciudades de Louisville y Mineápolis, avanzados por la anterior administración en un intento de reformar estos departamentos involucrados en muertes que generaron múltiples protestas en el país.

El gobierno del expresidente Joe Biden impulsó los acuerdos de ejecución judicial con los departamentos de Policía de estas dos ciudades, tras los asesinatos de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd a manos de agentes en 2020.

Los pactos abordaban reformas en las agencias del orden sobre el abuso de la fuerza letal, prácticas policiales inconstitucionales y violaciones de los derechos civiles.

Pero ahora el Departamento de Justicia reculó su decisión bajo el argumento de que estos decretos de consentimiento, como se le conoce a los acuerdos, habrían impuesto años de «microgestión» de los departamentos de Policía por parte de tribunales federales, «costosos» monitores independientes, y cientos de millones de dólares gastados en su cumplimiento.

“Ponemos fin al fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de Policía con decretos de consentimiento fácticamente injustificados”, dijo en un comunicado Harmeet K. Dhillon, fiscal de la División de Derechos Civiles.

El fiscal considera que estos decretos son excesivamente amplios y despojan del control policial local a las comunidades donde corresponde, transfiriendo ese poder a burócratas “no electos e irresponsables, a menudo con una agenda antipolicial”.

El anuncio se da a cuatro días de que se conmemore el quinto aniversario de la muerte de George Floyd, de 46 años, a manos de la Policía de Mineápolis. La muerte del afroamericano fue grabada en video y desató una ola de indignación por todo el país.

Los reclamos de la comunidad ya se habían escuchado dos meses antes tras el deceso el 13 de marzo de Breonna Taylor, de 26 años, que fue baleada en su apartamento en Louisville, Kentucky.

Varios agentes de Policía fueron encontrados culpables por las muertes de los dos afroamericanos, que se encontraban desarmados cuando fallecieron.

Con el anuncio de ahora, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia desestimará las demandas de Louisville y Mineápolis, y cerrará las investigaciones subyacentes sobre sus departamentos de Policía y, además, se retractará de las conclusiones a las que llegó la Administración Biden sobre violaciones constitucionales.

El Departamento de Justicia también cerrará sus investigaciones y se retractará de las conclusiones sobre violaciones constitucionales de las policías locales de Fénix, Arizona; Trenton, Nueva Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, Nueva York; Oklahoma City, Oklahoma, y la Policía Estatal de Luisiana.