Las personas declaradas culpables de estos delitos también enfrentan, después de cumplir su pena de prisión, un período adicional obligatorio de libertad supervisada.

En tres casos separados, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Policía de Puerto Rico, arrestaron a tres hombres acusados formalmente de explotación infantil, anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.

“Estamos comprometidos con llevar ante la justicia a los acusados en estos casos y con proteger a todos los niños”, expresó Ramírez Carbó en declaraciones escritas.

“En menos de una semana, HSI San Juan arrestó a tres personas por cargos relacionados con la explotación infantil, incluida una a quien se le encontraron más de 2,500 imágenes ilícitas y otra que anteriormente había sido arrestada por HSI por el mismo delito. Estos casos ponen de relieve la amenaza grave y persistente de la explotación infantil, que requiere concienciación pública y una colaboración estrecha con las autoridades. HSI mantiene su compromiso de actuar con rapidez cuando los infractores violan la ley o las condiciones de su supervisión”, añadióYariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan.

Los arrestados fueron Samuel Alexander Meléndez Pérez, de 25 años y residente de Canóvanas; Carlos Javier Rosado Rosado, de 21 años y residente de Vega Baja y Rubén Cautiño Latoni, de 37 años y residente de Guaynabo. Al trio se le acusa de recibir, distribuir y/o poseer material de pornografía infantil en dispositivos electrónicos.

En el caso de Cautiño Latoni se mencionó que previo a esta acusación fue declarado culpable en febrero de 2020 en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por posesión de pornografía infantil.

De ser declarados culpables, Samuel Alexander Meléndez Pérez enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 20 años; Carlos Javier Rosado Rosado enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 20 años; y Rubén Cautiño Latoni enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de 20 años.

Las personas declaradas culpables de estos delitos también enfrentan, después de cumplir su pena de prisión, un período adicional obligatorio de libertad supervisada de entre cinco años a por vida, y tendrían que inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales.