Seis mujeres presentaron una demanda en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por la cancelación de un programa que habilitaría sus hogares con sistemas de generación de energía renovable con sol y que fue una asignación que autorizó el expresidente Joseph Biden, canceló el presidente Donald Trump y que la gobernadora Jenniffer González Colón desvió para otros propósitos en la red eléctrica.

La agencia demandada es el Departamento de Energía federal (DOE en inglés), la dependencia que recibió $1,000 millones el cuatrienio pasado y que los distribuyó en la isla a través de tres iniciativas agrupadas bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF en inglés).

Se supone que la iniciativa beneficiara a hasta 40,000 hogares en los próximos años. Pero, al momento de su cancelación, entre abril y mayo de 2025, solo a 6,000 hogares habían completado la instalación de sus sistemas, según la demanda. Además, parte del dinero iría a instalaciones de generación distribuida comunitarias (de las que se podrían beneficiar más de una familia), así como unidades específicamente para instalaciones de salud y para áreas comunes en condominios.

Tras la cancelación, la Administración González Colón procuró con el DOE que se le permitieran desvíar $365 millones para invertirlos en la red eléctrica, sin uso específico.

Las demandantes son Rosevette Portell Pérez, Ileana Rios, Sara Dalis Mercado Guzman, Lilibeth Vera Morales, Marilyn Santos Kim, y María Martínez Martínez. Tienen entre 44 y 66 años, son residentes de Arecibo y Cayey (además del área metropolitana), y, de acuerdo a los criterios de elegibilidad del PR-ERF, tienen condiciones de salud que las hacen dependendientes de la energía eléctrica o tienen personas en su hogar que lo son.

Según se alega, a las demandantes se les confirmó que eran elegibles para la instalación de un sistema de placas y baterías y, o se quedaron esperando porque se lo instalaran cuando ocurrió la cancelación de los programas o los recibieron, pero se quedaron sin mantenimiento de los sistemas. En unos casos, eso ocurrió después de que la beneficiaria hiciera una inversión para habilitar su techo y colocar los sistemas.

La base de la demanda, precisamente, es que la forma súbita en que el DOE canceló el programa viola requisitos del derecho administrativo federal o choca con la división constitucional de poderes gubernamentales porque se trata del Ejecutivo cancelando y desviando dinero que el Congreso había aprobado para el uso específico de dar alivio a residentes de escasos recursos que vivieran en lugares susceptibles a los apagones y que dependieran de la energía por condiciones de salud.

Las demandantes solicitan un interdicto para obligar al DOE a reinstalar el PR-ERF y una prohibición de reasignar los fondos o interferir con su disponibilidad.

El recurso ante la jueza Silvia Carreño Coll lo presentaron abogadas de las organizaciones Ayuda Legal PR, Lawyers for Good Government (de Washington DC) y Latinojustice PRLDF (de Nueva York).