El Senado aprobó el jueves su resolución 595, que ordena a estudiar el “estado de la administración de la justicia” en Puerto Rico y una petición de información sobre un segundo contrato cuestionado en el Departamento de la Familia (DF).

La investigación, encaminada en la Comisión de lo Jurídico, podrá abarcar el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Oficina de Administración de los Tribunales, la Policía y el Departamento de Seguridad Pública, entre otras entidades. La resolución aclara que el proceso no intervendrá con la función adjudicativa de los tribunales.

Según el texto que sometió el senador Ángel Toledo López, el propósito es “la formulación de un ordenamiento jurídico más coherente, eficiente y compatible a nuestros tiempos”. “La investigación permitirá identificar deficiencias estructurales, prácticas administrativas susceptibles de mejora y áreas en las que el ordenamiento vigente deba ser atemperado o revisado”, añade.

En cuanto a la petición de información al DF, es el correspondiente expediente del acuerdo que la secretaria Suzanne Roig Fuertes suscribió con SAMU Foundation Corp. por $355,646.50, para servicios de mentoría a jóvenes de 18 a 35 años. El acuerdo se realizó en marzo de 2026, después de que en septiembre de 2025 la funcionaria viajara a España a reunirse con directivos de la fundación.

El Alto Cuerpo aprobó también su proyecto 1403, medida de administración que crea en el Departamento de la Vivienda el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad para agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y concesión de títulos.

La medida enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda” para reunir en un solo estatuto facultades y procesos que hoy están repartidos en varias leyes. Con ese fin, deroga la ley que regula la venta de parcelas a usufructuarios u ocupantes, la “Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos”, la ley sobre el traspaso o arrendamiento de solares y la concesión de títulos de propiedad, y varios artículos de la “Ley de Tierras de Puerto Rico”.

La Exposición de Motivos señala que algunas de esas leyes tienen requisitos que ya no responden a la realidad económica, como el límite de ingreso anual de $21,100 que fija la Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos para las familias elegibles. Con el nuevo formato, el secretario de Vivienda establecerá ese límite mediante orden administrativa, a base de las guías de ingreso de los programas de vivienda y las condiciones económicas de Puerto Rico.

El proyecto ordena a la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras entidades públicas transferir libre de costo al Departamento de la Vivienda los predios donde haya viviendas enclavadas. También dispone la creación de un registro digital unificado de beneficiarios y de un inventario digital de las propiedades de la agencia, y aclara que la mera ocupación de un terreno no da, por sí sola, derecho al título.

Los usufructuarios que cumplan con los requisitos podrán comprar la parcela que ocupan por $1, el mismo precio que pagarán las familias de escasos recursos económicos. Quien venda o enajene el solar antes de cumplirse diez años del título deberá devolver al Departamento una parte de su valor tasado, que va de 90% en el primer año a 1% en el décimo. La medida da preferencia, sin importar sus ingresos y siempre que no tengan propiedades, a veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, víctimas de violencia doméstica, personas con impedimentos, familias monoparentales y empleados públicos.