La determinación surge luego de expresiones públicas atribuidas a la ahora exadministradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, relacionadas con las circunstancias de su salida de la agencia.

La presidenta de la Comisión de Familia del Senado de Puerto Rico, la senadora Wandy Soto Tolentino, anunció que realizará una investigación legislativa dirigida a esclarecer las recientes alegaciones relacionadas con presuntas presiones indebidas para la firma de contratos en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), agencia adscrita al Departamento de la Familia como ha trascendido públicamente.

La investigación se llevará a cabo como parte de la Resolución del Senado 56, la cual ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de la Familia de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que brinda dicha Agencia; conocer sus programas, necesidades y dificultades.

La determinación surge luego de expresiones públicas atribuidas a la ahora exadministradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, relacionadas con las circunstancias de su salida de la agencia y con procesos de contratación en la agencia que dirigía. La salida de Medina Díaz de ADSEF fue confirmada por La Fortaleza.

Soto Tolentino explicó que la investigación tendrá como propósito examinar de manera objetiva la información que ha trascendido en los medios de comunicación, las expresiones realizadas por la exadministradora, y solicitar documentación relacionada con los procesos señalados, incluyendo las actuaciones de los funcionarios y agencias involucradas, los procedimientos utilizados para evaluar las contrataciones en cuestión, y el cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

“Las expresiones que han trascendido públicamente son serias y ameritan que podamos conocer todos los hechos y circunstancias que rodearon estos procesos para que no existan dudas. Nuestra responsabilidad como Asamblea Legislativa es fiscalizar y procurar que cada determinación relacionada con fondos públicos responda a la ley, a procedimientos transparentes y al mejor interés de las poblaciones que reciben servicios del Departamento de la Familia. No estamos adelantando conclusiones ni adjudicando responsabilidades. Una investigación seria tiene que escuchar a todas las partes. Lo que buscamos es determinar qué ocurrió, cómo se tomaron las decisiones, quiénes participaron de ellas y si se cumplieron todos los procesos establecidos en ley. Si todo se hizo correctamente, la documentación y los testimonios así deberán demostrarlo; si se identifican deficiencias, nuestra responsabilidad será procurar los correctivos correspondientes”, sostuvo Soto Tolentino.

La investigación también procurará esclarecer las alegaciones sobre posibles presiones ejercidas sobre funcionarios de ADSEF para formalizar determinadas contrataciones como expresó la exadministradora, así como evaluar los controles administrativos existentes para garantizar la independencia de los procesos de evaluación, contratación y utilización de fondos estatales o federales. La Comisión informará posteriormente el calendario de las vistas y demás procedimientos legislativos relacionados con la investigación.