La decisión responde a una demanda interpuesta el pasado agosto por tres propietarios de inmuebles que alegaban haber recibido cartas informando de que sus viviendas estaban sujetas a este impuesto pese a que eran sus residencias principales.

NUEVA YORK — Un juez de Nueva York ordenó este martes a la Administración de Zohran Mamdani rehacer la implementación de su impuesto a las segundas residencias de lujo, y calificó de «arbitrarias» unas notificaciones enviadas a propietarios que, en realidad, no estaban sujetas a este gravamen.

La decisión del magistrado Wayne Ozzi, de Staten Island, responde a una demanda interpuesta el pasado agosto por tres propietarios de inmuebles que alegaban haber recibido cartas informando de que sus viviendas estaban sujetas a este impuesto pese a que eran sus residencias principales.

Los demandantes también acusaron a la ciudad de haber hecho públicos, en un registro en la página web del Departamento de Finanzas (DOF), los nombres de propietarios y las direcciones de sus residencias, así como los valores de mercado de más de 900.000 propiedades que, en un principio, podrían estar sometidas a este cargo.

«Los propietarios están siendo perjudicados y penalizados de manera innecesaria debido al método de implementación de la ley», apuntó Ozzi en su fallo.

El juez ordenó a la Administración de Mamdani que retire la lista de la página web del DOF, aunque le permitió sustituirla por otra en la que figuren únicamente aquellos propietarios que realmente deban abonar este impuesto.

Asimismo, declaró como «arbitrarias y caprichosas» las notificaciones enviadas por correo a los demandantes, y afirmó que estas «vulneran sus derechos a un proceso con las debidas garantías».

«Los demandados no realizaron debidamente ‘determinaciones iniciales’ individualizadas con respecto a las ‘residencias principales’. Se ordena que utilicen la información fiscal más reciente disponible», anotó.

«Dicho análisis se aplicará al ejercicio fiscal actual, así como a los ejercicios fiscales siguientes», explicó.

En su querella, los propietarios indicaron que solo hay 24.000 propiedades en la ciudad que cumplen con los umbrales de valor de mercado que requiere el gravamen, de las cuales la mayoría son primeras residencias, pero que la ciudad envió notificaciones a más del 70 % de estas viviendas.

El denominado ‘pied-à-terre’ fue aprobado el pasado mayo por los legisladores del estado de Nueva York y afecta a los inmuebles de una a tres familias valorados en cinco millones de dólares o más, así como a cooperativas y condominios con un valor de un millón de dólares o más.