El presidente de la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes, Fernando Sanabria Colón, anunció que citará so pena de desacato al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, luego de que el funcionario no compareciera nuevamente a una vista pública en la que debía responder las interrogantes sobre las denuncias de depósito de arena en la comunidad Cimarrona, en Guayama, proveniente del Puerto Las Mareas.

Quiles estaba citado para deponer en audiencia pública a las 10:00 de la mañana del jueves, luego de que fuera excusado de participar en una vista previa celebrada el 14 de septiembre.

Sin embargo, antes de concluir los trabajos de la vista, el legislador comunicó en el récord legislativo que el secretario no compareció tampoco en esta ocasión.

“Lo podemos excusar una vez, tal vez dos, pero no podemos excusarlo tres. Y más cuando tenemos a una comunidad que está gritando que remuevan el material que hay allí”, manifestó Sanabria Colón, quien representa el Distrito 30 por los municipios de Guayama, Arroyo, Salinas y Santa Isabel.

El presidente de la comisión legislativa detalló que Quiles fue citado por primera ocasión el 3 de septiembre y, en la vista pública del 14 de septiembre, la representación del DRNA informó que el secretario estaba de viaje y aseguraron que asistiría a la próxima citación, pautada este 24 de septiembre, de forma ineludible.

Pero el funcionario faltó nuevamente ante la comisión y no envió una ponencia escrita, indicó Sanabria Colón. Para la vista del jueves, también estaban citadas la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la firma de contratistas Pérez, Casas y Torres.

El legislador pautó la próxima vista pública para el lunes, 5 de octubre, a las 10:00 am. La investigación legislativa, conducida al amparo de la Resolución de la Cámara 103, persigue atender los reclamos de la comunidad Cimarrona sobre la generación de polvo fugitivo por el depósito de un material y sus posibles efectos tanto en el ambiente como en la salud de los residentes.

Grupos comunitarios han exigido al DRNA la remoción inmediata del material, luego de gestionar por su cuenta el análisis de las muestras de la arena en un laboratorio. Según alegan, confirmaron la presencia de elementos tóxicos y diversos metales. Asimismo, los residentes declaran que la presencia del material viola la Ley 40 de 2017, que prohíbe el depósito y disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico.