A preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la Junta de Control Fiscal (JCF) precisó que, aunque el impuesto sobre combustibles conocido como la “Crudita” inicialmente iba directo a suplir necesidades relacionadas con carreteras, la ley 53 que la Asamblea Legislativa y el exgobernador Pedro Pierluisi aprobaron en 2021 convirtieron ese dinero en un impuesto que va directo al Fondo General para todo tipo de uso y, de esa manera, se convirtió en parte del esquema financiero para reestructurar la deuda del gobierno.

La indicación del ente fiscal ocurrió en respuesta a una carta del presidente senatorial este año en la que, como primer interrogante, planteaba si los ingresos de ese impuesto seguían como una obligación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) o si habían pasado al Fondo General.

“Estos ingresos fueron subsecuentemente dirigidos al Fondo General para apoyar las operaciones generales del gobierno y la prestación de servicios esenciales, inicialmente por medio de orden ejecutiva en 2015 y luego con la Ley 53 de 2021. Consecuentemente, los arbitrios sobre el combustible han sido un componente significativo del presupuesto del gobierno desde 2016, financiando servicios esenciales como educación, seguridad pública, salud y pensiones. Eliminarlos sin atender el impacto fiscal crearía asuntos presupuestarios significativos y no sería fiscalmente responsable”, indicó la Junta en su carta a Rivera Schatz del 13 de agosto pasado.

La Ley 53 fue aprobada en el Senado con el mínimo de votos posible, 14 de los 27 miembros que tenía en ese momento. Uno de los votos a favor fue el de Rivera Schatz. Los votos en contra fueron de Rafael Bernabe Riefkohl, Ada García Montes, Migdalia González Arroyo, Henry Neumann Zayas, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de Lourdes Santiago, Rubén Soto Rivera, Rosamar Trujillo Plumey, José Vargas Vidot y William Villafañe Ramos.

La JCF recordó en su carta que esa misma posición han tenido en otras consultas que el Senado le ha hecho desde 2022 sobre la “Crudita”. En ese entonces, las consultas fueron por parte del exsenador Juan Zaragoza Gómez, quien también votó a favor de la Ley 53.

Luego de la carta de la Junta en agosto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado ha realizado vistas sobre la posible modificación de ese impuesto y en las que varias organizaciones han coincidido con el ente fiscal en que la modificación a ese impuesto debe ser parte de una reforma contributiva “integral”.

La más reciente vista fue el martes con la Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. “Puerto Rico tiene una intensidad de uso de combustible mayor a otros países de América Latina”, señaló el representante de la Cámara, Rodrigo Zavala. Los ingresos de estos arbitrios a los combustibles “no se destinan al propósito específico para el cual fue concebida (la “Crudita”)… se ha convertido en un impuesto general”, añadió al recalcar que, como los ingresos ya están proyectados dentro del plan fiscal y el plan de ajuste de deuda, cualquier cambio requeriría intervención de la Junta y la posibilidad de que los acreedores objeten. La Cámara sugirió la alternativa de examinar la reducción de gastos del gobierno y la consolidación de agencias.

En promedio, la JCF proyecta que los arbitrios sobre combustibles generarán unos $330 millones anuales durante los próximos cinco años.