La pérdida de casi el 90% del financiamiento federal obligaría al gobierno a asumir hasta $4,849 millones adicionales o recortar servicios esenciales, poniendo en riesgo la cobertura médica de cientos de miles de personas.

Puerto Rico enfrenta una de las amenazas más graves para su sistema de salud pública en décadas y de no actuar el Congreso de Estados Unidos antes del 30 de septiembre de 2027, el programa Medicaid en la Isla sufriría una reducción cercana al 90% en sus fondos federales.

Dicha reducción provocaría un precipicio fiscal que obligaría al gobierno a asumir miles de millones de dólares adicionales o a considerar recortes significativos en servicios y cobertura médica de un millón de ciudadanos, según concluye el informe “El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal”, publicado por Espacios Abiertos (EA).

Según el análisis, la expiración del acuerdo federal vigente reduciría de aproximadamente $4,000 millones a menos de $500 millones la aportación federal, reduciendo drásticamente el porcentaje federal de asistencia médica (FMAP) del 76% al 55%. 

El impacto sería particularmente severo para los cerca de 1.3 millones de residentes que dependen de Medicaid y el Plan Vital, principalmente menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades crónicas.

“El problema no es únicamente la insuficiencia de fondos, sino la incertidumbre constante bajo la que opera este programa en Puerto Rico ya que el país sigue dependiendo de extensiones temporeras que impiden la planificación a largo plazo y limitan la capacidad del sistema de salud para responder adecuadamente a las necesidades de la población”, señaló Ataveyra Medina Hernández, portavoz de EA.

«Medicaid es la columna vertebral del sistema de salud en Puerto Rico», apuntó Angélica Marrero, subdirectora de Investigación de Espacios Abiertos y autora del estudio. «Gran parte de los servicios de salud pública cubre a casi cuatro de cada diez residentes de la Isla. Más de la mitad de los beneficiarios son menores de 20 años o mayores de 61 años, poblaciones particularmente vulnerables ante cualquier interrupción en la prestación de servicios».

Además, Medicaid constituye una fuente esencial de ingresos para hospitales, proveedores de servicios médicos y centros de salud comunitarios, que dependen del programa para sostener operaciones, empleos y atención clínica en comunidades de bajos ingresos.

Tres escenarios para el futuro de Medicaid

Para evaluar el impacto de las decisiones del Congreso, Espacios Abiertos modeló tres posibles escenarios para el año fiscal federal 2028.

Escenario 1: Precipicio fiscal 

En ausencia de acción legislativa federal, Puerto Rico tendría que aportar aproximadamente $4,849 millones en fondos locales para mantener la cobertura actual. Esta cifra equivaldría al 35.4% del Fondo General, un aumento dramático respecto al esfuerzo fiscal actual.

Ante una carga de esa magnitud, el gobierno tendría opciones extremadamente limitadas: recortar gastos en otras áreas esenciales, como educación y servicios públicos, o reducir beneficios y cobertura médica, explicó Marrero.

El análisis de EA también señala que distintos reportes han advertido que una disminución severa del financiamiento podría poner en riesgo la cobertura de entre 700,000 y un millón de personas, además de afectar las finanzas municipales y la estabilidad del sistema de salud.

Escenario 2: Extensión del financiamiento actual

Bajo una extensión de los niveles actuales de financiamiento federal ajustados por inflación, el impacto fiscal para Puerto Rico sería significativamente menor, pero no desaparecería. La aportación local alcanzaría aproximadamente $1,396 millones, equivalentes al 10.2% del Fondo General.

No obstante, EA concluye que esta alternativa no resuelve el problema estructural debido a que el gasto de Medicaid en Puerto Rico crece más rápido que el índice utilizado para ajustar el tope federal. Como resultado, la brecha de financiamiento continuaría ampliándose con el tiempo.

Escenario 3: Paridad parcial con los estados

El tercer escenario evalúa una aportación federal equivalente al 83% del gasto estimado en Medicaid, similar a la fórmula solicitada por el Gobierno de Puerto Rico.

Bajo esta alternativa, el impacto fiscal para la Isla se reduciría a aproximadamente 6.6% del Fondo General y permitiría preservar los niveles actuales de cobertura y servicios.

Sin embargo, el informe advierte que mientras Puerto Rico continúe sujeto a un tope anual fijado por el Congreso y no participe plenamente de la fórmula utilizada por los estados, persistirá el riesgo de que el crecimiento de los costos del programa supere la aportación federal disponible.

Un sistema desigual

La raíz del problema es que Puerto Rico participa en Medicaid bajo condiciones distintas a las de los estados.

Mientras aquellos reciben fondos federales mediante una fórmula basada en el ingreso per cápita, sin límites en la cantidad total de recursos disponibles, Puerto Rico está sujeto a un porcentaje federal de asistencia médica fijado por ley y a un tope anual de financiamiento impuesto por el Congreso.

Como resultado, el programa en la Isla no cubre todos los servicios requeridos por Medicaid en los estados y enfrenta restricciones que afectan tanto el acceso a servicios como la capacidad de planificación de largo plazo.

Hallazgos principales

Entre los hallazgos más importantes del informe se destacan:

• Medicaid es el principal sostén del sistema de salud de Puerto Rico.
• Cerca de 1.3 millones de personas dependen del programa.
• Las limitaciones federales han impedido que Puerto Rico alcance la misma cobertura y servicios disponibles en los estados.
• El financiamiento federal ha dependido históricamente de extensiones temporeras y medidas de emergencia.
• La brecha entre el crecimiento del gasto y las asignaciones federales continuarán aumentando bajo el modelo actual.
• Sin acción legislativa, el gobierno tendría que asumir hasta $4,849 millones adicionales para mantener la cobertura vigente.
• Una reducción significativa del financiamiento podría afectar a cientos de miles de beneficiarios y generar consecuencias económicas y sociales de gran alcance.

Recomendaciones

Ante este panorama, Espacios Abiertos exhorta al Congreso de Estados Unidos a aprobar una solución permanente que elimine las disparidades actuales en Medicaid. 

Entre sus recomendaciones se encuentran:

1. Eliminar el tope anual de financiamiento federal para Puerto Rico.
2. Aplicar a Puerto Rico la misma fórmula de pareo federal utilizada en los estados, permitiendo una aportación federal de hasta 83% sin límite anual.
3. En caso de aprobarse una extensión temporera, garantizar que sea de al menos cinco años, que refleje el crecimiento real del gasto en Medicaid y que incluya fondos para cubrir nuevas exigencias federales.

Asimismo, recomienda al Gobierno de Puerto Rico, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Salud:

1. Desarrollar y publicar un plan de contingencia ante posibles reducciones federales.
2. Divulgar de manera periódica y centralizada la información financiera, de cobertura y calidad del programa.
3. Evaluar y hacer público el impacto potencial sobre los municipios.
4. Estimar formalmente el costo de alcanzar plena paridad con los estados en elegibilidad, cobertura y financiamiento.

«Puerto Rico se encuentra nuevamente ante una encrucijada fiscal y de política pública. Nuestro análisis concluye que, sin una reforma permanente al financiamiento de Medicaid, la Isla seguirá enfrentando ciclos recurrentes de incertidumbre que amenazan la estabilidad de su sistema de salud, limitan los servicios disponibles para la población y exponen a cientos de miles de residentes a la posibilidad de perder acceso a cuidados médicos esenciales», advirtió la licenciada Medina Hernández.

El informe sostiene que evitar el precipicio fiscal de 2027 no es solamente un asunto presupuestario, sino una necesidad urgente para proteger la salud y el bienestar de Puerto Rico.

Lea aquí el informe completo de Espacios Abiertos: