La empresa energética solicitó investigaciones a Justicia, la Policía y el CIC sobre alegados acercamientos e intercambio de información.

La empresa Power Expectations, LLC finalmente presentó una querella juramentada contra el abogado Javier Vázquez Morales, asesor de la Junta de Supervisión Fiscal y representante legal de la empresa Enchanted Rock, LLC, al alegar que este pudo haber incurrido en actuaciones impropias relacionadas con información de la compañía.

La querella fue presentada por Robert Fournier, asociado de Power Expectations, en el cuartel de la Policía de Puerto Rico en Hato Rey. Copias del documento fueron entregadas al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y al Departamento de Justicia para que se evalúen los señalamientos.

Según Power Expectations, la acción surge luego de que funcionarios del Gobierno hicieran públicos detalles sobre acercamientos que, según describieron, fueron “inapropiados” por parte de Vázquez Morales.

Fournier solicitó que se investigue no solo la conducta del abogado, sino también la posible participación de cualquier abogado, socio, empleado, agente o representante del bufete O’Neill & Borges LLC que, según alegó, hubiese transmitido o puesto a disposición de la Junta Fiscal información relacionada con Power Expectations.

La empresa también pidió determinar si información obtenida durante una relación abogado-cliente, una consulta como potencial cliente, una evaluación para una posible representación legal, una relación profesional con Enchanted Rock o conversaciones con representantes de Flotek Industries pudo haber sido posteriormente compartida, directa o indirectamente, con la Junta Fiscal.

El abogado de Power Expectations, Abraham Freyre Medina, había adelantado que la empresa examinaba las actuaciones de Vázquez Morales ante la posibilidad de que estas pudieran representar violaciones a las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico.

Entre las disposiciones mencionadas figuran las reglas relacionadas con los deberes hacia clientes potenciales, conflictos de interés, información de clientes anteriores y confidencialidad.

Freyre Medina también planteó la posibilidad de que los hechos pudieran ameritar la evaluación de disposiciones del Código Penal de Puerto Rico relacionadas con la apropiación o divulgación de información, conspiración y secreto profesional, así como de la Ley 80-2011 sobre la protección de secretos comerciales e industriales.

La querella busca que las autoridades determinen si hubo alguna violación de ley o de las normas profesionales aplicables. Las alegaciones contenidas en el documento no han sido adjudicadas por un tribunal.

Vea la querella a continuación: