En el inicio de la sesión ordinaria, el Alto Cuerpo reanudó el examen de las gestiones en la secretaría de la Gobernación y Fortaleza.

En el inicio de la cuarta sesión ordinaria, el Senado aprobó tres solicitudes de información sometidas por su presidente, Thomas Rivera Schatz ,y dirigidas a dependencias del Ejecutivo con las que aparentan retomar la agenda de requerimientos y fiscalización que ha marcado la gestión de ese cuerpo legislativo este cuatrienio.

El pedido 2026-0106 está dirigido a la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, y abarca las gestiones que hizo su antecesor, Francisco Domenech Fernández, desde el 1 de julio hasta cuando salió del cargo el 7 de agosto. Se solicita lo mismo sobre la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, quien estuvo en el cargo hasta el 15 de agosto. Para sustituir a esta funcionaria, la gobernadora nombró a Pedro de Jesús Román, quien fuera asesor ejecutivo sénior de Domenech Fernández en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en la Oficina de la Secretaría de la Gobernación y en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), donde el exfuncionario fue presidente de la Junta de Directores. El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, también está llamado a responder a este requerimiento en cinco días.

El 2026-0107 está dirigido al zar de Energía, y director de la AAPP, Josué Colón Ortiz, y a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata Acosta, para que, en 10 días, entreguen el “expediente completo” de la adjudicación y contrato de generación temporera con valor de $5,887 millones firmado con la empresa Power Expectations LLC en un consorcio que suponía incluir a las entidades Reyes Contractor LLC y Enchanted Rock LLC. La Junta de Control Fiscal (JCF) ordenó el viernes pasado cancelar este contrato, después de que informaciones periodísticas revelaran que Enchanted Rock reclama no haber sido parte y que su supuesto representante para el negocio fue un convicto federal por fraude con criptomonedas.

Al cancelar y referir el asunto a las autoridades, la Junta aseguró que tenían “considerables inquietudes” con el contrato desde que se lo presentaron en enero pasado y que la presencia de Enchanted Rock fue una de las razones para aprobarlo porque, sola, Power Expectations no tenía la capacidad para cumplir con el suplido de energía por los 10 años que dura el contrato.

Tras semanas de discusión pública, Power Expectations hizo expresiones públicas por primera vez hoy, tras la orden de cancelación, para asegurar en un comunicado que “rechaza de manera categórica cualquier insinuación de fraude o tergiversación en el proceso de contratación del proyecto de 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre”. Admitieron que Enchanted Rock se retiró del negocio y que buscaron sustituto. “Igualmente estamos estudiando si la intervención y posible interferencia del licenciado Javier Vázquez-Morales, quien se reunió en repetidas ocasiones con oficiales del gobierno para intentar afectar las relaciones contractuales de Power Expectations y la AEE, fueron acciones legales”, añadieron.

La última petición de información, 2026-0108, requiere una respuesta en 72 horas de parte del director interino de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Miguel Manzano Rivera, sobre los trabajos del Comité de Revisión de Códigos de Construcción.

En cuanto a proyectos, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1262, que propone enmendar la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. La medida tiene el fin de reafirmar el deber de los empleados del Departamento de Educación de notificar inmediatamente cualquier conocimiento de maltrato, maltrato institucional, negligencia, negligencia institucional, abuso sexual, trata humana o riesgo inminente contra una persona menor de edad. Además, establecer un término no mayor de 24 horas para completar y remitir la documentación administrativa correspondiente al referido.

Por petición de la Federación de Alcaldes, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 202, que busca autorizar la distribución de los $2,469,658.20 provenientes del balance disponible, para los períodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). También, el Proyecto del Senado 894, que propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para fortalecer las responsabilidades del Departamento de Educación hacia los estudiantes con autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA). La legislación dispone que el secretario de Educación vele por el cumplimiento de las responsabilidades establecidas mediante la Ley 163-2024 y establece un programa de capacitación dirigido a padres, madres, tutores o encargados y, cuando sea factible, a los propios estudiantes.

Asimismo, el Proyecto del Senado 1083, que enmienda la “Ley de la Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas” para establecer la obligatoriedad de una evaluación médico-deportiva. La propuesta busca incorporar este requisito como parte de las protecciones para los menores que participan en actividades deportivas. Por otro lado, está el Proyecto del Senado 1220, que propone modificar la composición de la Junta de Directores del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico para garantizar una adecuada representatividad y pluralidad en la formulación de su política pública.

También, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 149, del portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández Ortiz, dirigida a ordenar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos la creación de un inventario, guía, repositorio o herramienta accesible que reúna información sobre legislación y reglamentación relacionada con los derechos y protecciones de las personas con diversidad funcional e impedimentos. Recibieron votación a favor dos expresiones de condolencias del cuerpo por las muertes del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, y del boxeador Prichard Colón Meléndez.