La medida estaba en el calendario de la sesión del jueves, pero se dejó para después.

El Senado tenía en el calendario de su sesión del jueves la votación sobre el proyecto que crea una nueva Ley de a Judicatura para quitarle a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez la facultad constitucional de administración del Poder Judicial y pasarlo al pleno del Tribunal Supremo, pero el mismo no se sometió a votación.

El Proyecto del Senado 1096 fue parte de algunas piezas legislativas que quedaron para consideración posterior sin mayor detalle.

Entre las aprobadas, el Proyecto del Senado 1013 moderniza la Ley de Pesquerías de Puerto Rico, mediante la creación de un sistema digital unificado para la expedición, renovación y validación de licencias de pesca comerciales y recreativas que implementarán el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

El proyecto también crea mecanismos de validación provisional automática en casos donde el DRNA no emita una determinación dentro de los términos establecidos y la demora no sea atribuible al solicitante. La legislación aplica tanto a pescadores comerciales a tiempo completo, parcial y principiantes, como a pescadores recreativos y operadores de botes de alquiler.

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón indicó que la delegación independentista favorecerá el proyecto “porque constituye un avance en la situación inexplicable de que el Departamento de Recursos Naturales no pueda tramitar las solicitudes por parte de los pescadores en Puerto Rico”.

Asimismo, fue aprobado un paquete de medidas de la senadora Roxanna Soto Aguilú. Comenzando con la Resolución Conjunta del Senado 146, para ordenar al Departamento de la Familia y a la Administración de Familias y Niños (ADFAN) rendir un informe detallado sobre jóvenes removidos que participan en el Servicio de Vida Independiente y otros programas de transición a la adultez. La resolución requiere información relacionada con cantidad de participantes, servicios ofrecidos, efectividad de programas, métricas de transición, desglose por edad y género, así como duración y alcance de subsidios económicos. Además, la Resolución del Senado 210, para ordenar una investigación sobre la canalización incompleta del río Guanajibo en Sabana Grande, los riesgos de inundación asociados y la necesidad de dragado y culminación de trabajos pendientes. Igualmente, la Resolución del Senado 427, para ordenar un estudio conjunto entre el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre violencia cibernética contra mujeres en Puerto Rico, modalidades como ciberacoso sexual, difusión no consentida de imágenes íntimas, doxing, amenazas digitales y hostigamiento en redes sociales.

En cuanto a medidas camerales, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 824, para enmendar la Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico y requerir que los programas de educación virtual y educación continua sobre ciberseguridad incluyan orientación sobre el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial, sus riesgos y posibles amenazas cibernéticas. Igualmente, el Proyecto de la Cámara 1032, que reconoce y regula formalmente la profesión de Asociado Médico Certificado en Puerto Rico, estableciendo requisitos académicos, licencias, educación continua, normas éticas y parámetros de supervisión médica para ampliar el acceso a servicios de salud en la Isla.

De otra parte, el Alto Cuerpo aprobó el informe del comité de conferencia del Proyecto de la Cámara 253, que propone crear la Ley para garantizar los servicios de cuidados paliativos y de hospicio para el manejo integral de pacientes con enfermedades amenazantes a la vida.