Tras recibir las observaciones de la OIG, la agencia implementó «de forma inmediata» medidas de control adicionales.

El Registro de la Propiedad de Puerto Rico (RDP) afirmó hoy que su plataforma tecnológica, el Sistema Karibe, opera en estricto cumplimiento con las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210 de 2015) y su reglamento.

La reacción de la agencia surge a raíz de un examen realizado por la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico que identificó múltiples deficiencias en la expedición, uso y manejo de las cartas de crédito. La intervención constató que el sistema generaba cartas de crédito sin indicar a favor de quién fueron expedidas, lo que permitía que estas fueran utilizadas por personas distintas a la seleccionada por el presentante.

La dirección de la agencia enfatizó que las cartas de crédito del Sistema Karibe no son fondos públicos, ni dinero que pertenezca al Departamento de Justicia ni al Gobierno de Puerto Rico. Por el contrario, representan dinero en aranceles, por concepto de derechos de inscripción, que el propio presentante consignó en exceso de lo requerido por ley.

Sin embargo, como parte de los esfuerzos continuos de optimización, y tras recibir las observaciones de la OIG, la agencia implementó de forma inmediata medidas de control adicionales.

“El director administrativo del Registro, Lcdo. Joaquín del Río Rodríguez, actuó con presteza emitiendo directrices administrativas dirigidas a robustecer los procesos relacionados con el manejo de estos instrumentos”, afirma un comunicado de la agencia.

De acuerdo con el RDP, cada redención de una carta de crédito queda debidamente registrada de forma verificable en el diario de operaciones del Sistema Karibe, el cual es de acceso público para el escrutinio de cualquier ciudadano o entidad que desee consultarlo.

«En el Registro de la Propiedad garantizaremos el cumplimiento estricto con las leyes y reglamentos aplicables vigentes, salvaguardando siempre la seguridad jurídica y la transparencia en todos nuestros procesos», puntualizó el director.

La OIG destacó que la respuesta gerencial del RDP admite que estas medidas requieren ajustes de programación aún pendientes, por lo que, a la fecha de emisión del informe, se encuentran en etapa de planificación y sin evidencia de implementación ni efectividad.

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