La intervención ocurrió después de movimientos que hicieron en su armería y el cabildero también tiene pendiente un caso de agresión contra persona mayor de edad que se sometió en alzada.

El Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) investiga al armero Ariel Antonio Torres Meléndez y su esposa con relación a maniobras que realizaron con casi 1,000 armas de fuego después de que Torres Meléndez fuera denunciado por agredir a un hombre de 65 años que también está involucrado en el área de seguridad y armas.

NotiCel supo que ambos fueron entrevistados y que la sospecha la levantó una serie de transacciones que realizaron con armas de fuego el domingo, 31 de mayo. Eso fue el día antes de que Torres Meléndez tuviera que comparecer al tribunal para responder a la denuncia por agresión que se le presentó por un altercado con Ángel Luis Muñoz Gómez el 27 de mayo.

Torres Meléndez no contestó preguntas de este diario digital, mientras que la portavoz de ATF, Clara Himel, indicó que la agencia “no está en posición de divulgar si tenemos o no tenemos una investigación abierta”.

Según fuentes y documentos consultadas para esta historia, Torres Meléndez y Muñoz Gómez se habían criticado mutuamente. El primero es cabildero y presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), mientras que el segundo preside el Puerto Rico Law Enforcement Academy (PRLEA). Ambos fueron convocados a los estudios de TeleOnce para comentar sobre el tema de armas y, al encontrarse, Torres Meléndez golpea a Muñoz Gómez en la cara tumbándole los espejuelos y lo agarra por el cuello causándole laceraciones y provocando que se cayera, según la denuncia.

Fiscalía quería realizar la vista de causa para arresto el mismo 27 de mayo, pero Torres Meléndez alegó que salía de viaje, por lo que el caso quedó citado para el lunes, 1 de junio. Ese día, el tribunal determinó no causa en la denuncia criminal, pero emitió una orden de protección a favor de Muñoz Gómez con la consecuencia de que se le ordenó a la Policía incautarle las armas de fuego a Torres Meléndez y quitarle cualquier licencia de armas que tuviera.

El efecto de esa orden, emitida en presencia de Torres Meléndez, es inmediato sobre las cuatro licencias que tiene relacionadas con armas: la personal, la de su armería, como instructor y una federal conocida como LEOSA, que flexibiliza su posesión de armas en todas las jurisdicciones estadounidenses.

Pero los registros electrónicos de la Policía reflejan que el día antes, domingo, Torres Meléndez traspasó a su esposa unas 650 armas que tenía bajo la licencia de su armería, Shooters Sports Armery Corp., otras 200 que tenía en la sucursal de Lajas, Shooters Sports Armory West, y también 196 que figuraban bajo su licencia de armas personal. En total, al menos 1,046 armas.

La licencia de su esposa, Ixia Lee Castro Santana, es personal, no de armera, por lo que ahora esa cantidad de armas aparecen como si fueran sus armas personales. Algunas de las enmiendas a la Ley de Armas que el mismo Torres Meléndez ha cabildeado en años recientes permiten el movimiento, pero las fuentes precisaron a NotiCel que en la maniobra se pudieran haber incumplido leyes federales, que es lo que activó a ATF. Otras consecuencias son que la ley requiere un lugar de características específicas para almacenar esa cantidad de armas. El curso regular hubiera sido que las armas pasaran a la licencia de otra armería o que la Policía las ocupara para almacenarlas en su bóveda.

Dos días después de que se emitiera la orden de protección, el 3 de junio, Torres Meléndez cambió los registros corporativos de la armería para nombrar vicepresidenta a su esposa y, con eso, está intentando que la Policía permita que la armería siga operando bajo el nombre de ella. Pero ese movimiento está detenido por la intervención de los agentes federales. La armería es la única de las corporaciones de Torres Meléndez en la que su esposa aparece como oficial. Las otras son CODEPOLA, Puerto Rico Shooting Academy LLC, Tecla B LLC, Shooters Gas LLC, Team Catorce LLC, y Public Educational Training and Security Institute, Inc.

Torres Meléndez sigue siendo presidente de la armería y ahora no solo tiene una orden de protección vigente con posibilidad de extenderse después de una vista el 16 de julio, sino que también la fiscalía decidió ir en alzada, por lo que le volvió a someter la denuncia de agresión y hay un señalamiento para el 22 de junio. La denuncia por el altercado no se sometió como una agresión regular. Debido a que Muñoz Gómez tiene 65 años, se le aplicó el artículo de maltrato a personas de edad avanzada, lo que conlleva un término fijo de cárcel de 10 años.

En medio de la sucesión de eventos por la agresión, el 29 de mayo el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en la que sostuvo la desestimación de la demanda que Torres Meléndez y su esposa sometieron contra la entidad Acción Social y Protección Ambiental, Inc. (ASPA) y otros personas que se oponen a su intención de establecer un polígono de tiro en Salinas.

El tribunal refrendó que Torres Meléndez es una figura pública en lo que tiene que ver con temas relacionados a armas de fuego y que los activistas en contra de su proyecto no lo habían difamado. A lo sumo, habían incurrido en “hipérbole retórica”, que es una de las formas de expresión protegidas constitucionalmente, y que sus denuncias se basaban en documentos y acciones oficiales, como una inspección y querella que emitió el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Torres Meléndez se quejó de que lo llamaron “criminal ambiental y sumamente embustero”, así como que lo compararon con los personajes de la sirenita Ariel y Barbie.

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