El tribunal determinó que la Comisión de Juegos no recibió formalmente, selló, emitió recibo oficial ni asignó número de caso o expediente a las solicitudes presentadas por los peticionarios.

La jueza superior Iris Cancio González ordenó a la Comisión de Juegos recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia de un grupo de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta, tras declarar ha lugar una petición de mandamus.

“Esta sentencia confirma lo que estos comerciantes han sostenido desde el primer día, que la Comisión de Juegos no podía seguir cerrando la puerta, negándose a recibir solicitudes y manteniéndolos fuera de un proceso que la propia ley y el reglamento obligan a activar”, expresó el abogado Frank Torres Viada, portavoz legal de los demandantes, en declaraciones escritas.

La sentencia ordena al director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, y a la directora del Negociado de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, Loraine Irizarry Torres, cumplir en 5 días con el deber de recibir formalmente las solicitudes, emitir recibo oficial, asignar número de caso o expediente y procesar las peticiones con prioridad.

El tribunal determinó que la Comisión de Juegos no recibió formalmente, selló, emitió recibo oficial ni asignó número de caso o expediente a las solicitudes presentadas por los peticionarios.

La jueza también estableció que la Comisión no notificó si las solicitudes estaban completas o incompletas ni informó incumplimientos específicos dentro del término de 15 días dispuesto en el Reglamento 9647.

“El Tribunal fue claro. Existe un deber ministerial, hay solicitudes que deben ser recibidas, evaluadas y tramitadas y la Comisión no tiene discreción para ignorarlo”, sostuvo Torres Viada.

Según la sentencia, la Comisión deberá evaluar las solicitudes conforme a la Ley 11 y el Reglamento 9647. Si alguna está incompleta, deberá notificar por escrito los incumplimientos específicos dentro del término reglamentario.

El tribunal también reconoció que el periodo de prioridad para solicitantes anteriores venció en abril de 2025 y que existe un remanente de aproximadamente 2,000 máquinas disponibles dentro del tope estatutario de 25,000 máquinas autorizadas.

“Hoy queda derrotado el argumento de que no había nada que hacer, de que las puertas estaban cerradas o de que estos comerciantes tenían que seguir esperando indefinidamente”, añadió Torres Viada.

Gilberto Narváez, portavoz de UNOMAR, grupo conformado por los demandantes, dijo que los operadores buscan entrar al proceso formal de licenciamiento.

“Durante años nos han querido pintar como si buscáramos operar al margen del sistema, cuando lo que hemos pedido es exactamente lo contrario: entrar al proceso, ser evaluados, pagar lo que corresponde y cumplir”, sostuvo Narváez.

La sentencia apercibió a los funcionarios de la Comisión de Juegos que incumplir la orden de mandamus podría conllevar desacato civil o criminal.

“Cumplir siempre ha sido nuestro compromiso, y justicia nuestro reclamo. Ahora estaremos vigilantes a que la orden del Tribunal se cumpla cabalmente y sin dilaciones”, concluyó Narváez.

Apelará la Comisión de Juegos

Santaella Marchán dijo que respetaba la decisión, aunque no coincide con ella.

«Próximamente estaremos recurriendo al Tribunal de Apelaciones con el propósito de sostener judicialmente la interpretación y aplicación correcta de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”.

«La Ley Núm. 11 establece claramente los términos, condiciones y plazos aplicables a los dueños mayoristas con licencias de máquinas activas y a los potenciales nuevos dueños mayoristas adicionales. La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico está llamada a ejecutar e implementar ese mandato legislativo conforme a su texto, el cual, por su claridad, no da margen a interpretaciones que alteren el proceso establecido por la Asamblea Legislativa», sostuvo en declaraciones escritas

«La Comisión de Juegos siempre ha actuado en estricto cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a la industria de máquinas de juegos de azar. No existe, ni surge del texto de la ley, un deber ministerial que obligue a ningún funcionario de la Comisión de Juegos a recibir y aceptar nuevas solicitudes de licencias para dueños mayoristas de máquinas de juegos de azar en ruta mientras continúen vigentes los procesos que la propia ley ordena», agregó.

«En ese sentido, la Comisión de Juegos continuará defendiendo la aplicación ordenada, responsable y fiel del marco legal vigente, en protección de la integridad regulatoria de la industria y del interés público», finalizó.