Residentes de la comunidad señalaron que el problema principal responde a un sistema de alcantarillado y drenaje pluvial deficiente.

Residentes de Reparto Metropolitano que integran el Grupo de Trabajo de la comunidad  exigen la paralización inmediata y total del llamado Proyecto de Mitigación de Riesgo de Inundaciones del río Puerto Nuevo, también conocido como el Proyecto de Canalización del río Piedras.

Los residentes denunciaron que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) están avanzando, sin informar a la comunidad, con el Proyecto de Canalización del río Piedras en medio de contradicciones públicas, falta de fondos y creciente preocupación por expropiaciones.

“Los procesos se están llevando a cabo a espaldas de las comunidades. No solo se trata de la falta de respuesta a solicitudes de información sino que constantemente excluyen de la conversación pública a las personas que serán afectadas. De esta manera, las agencias han brindado información al país que las comunidades podrían fácilmente cuestionar y desmentir”, puntualizó Adianez Vélez Martínez, consultora de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA Inc.), que asesora legalmente a la comunidad.

En las pasadas semanas la agencia estatal y la agencia federal han hecho expresiones contradictorias sobre el futuro del proyecto creando inestabilidad y desconfianza en las comunidades afectadas. El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, indicó en conferencia de prensa el pasado 12 de abril de 2026 que el proyecto estaba paralizado por falta de fondos a partir del cuarto de siete contratos. Días después, el USACE confirmó que continuará con el proyecto y buscará financiamiento adicional, aun cuando admiten que enfrenta un déficit de más de $1,000 millones para completar el mismo. Tan reciente como el 1 de mayo de 2026 la agencia federal anunció la adjudicación del contrato de construcción de la tercera etapa del proyecto que alcanza una cifra de sobre $1,000 millones, en lo que comunidades califican como una decisión contradictoria a las expresiones recientes de la agencia federal y el gobierno de Puerto Rico y contraria a lo que los grupos comunitarios han expresado que necesitan

“El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos reconoce que no tiene los fondos para completar el proyecto, pero aún así insiste en empujarlo hasta el contrato 3, siendo este el inicio de la canalización, con la esperanza de conseguir dinero después y continuar con los demás contratos. Eso no es planificación, es improvisación. En el caso de Reparto Metropolitano, los gobiernos de turno, por más de 50 años han abandonado las canales existentes, permitiendo su deterioro, pero ahora quieren imponer canales más anchas y más profundas, sin explicar cómo se van a mantener, ni de dónde saldrán los fondos recurrentes para hacerlo”, expresó Xiomara Rodríguez Román, residente de la comunidad de Reparto Metropolitano.

Mientras tanto, residentes de la comunidad señalaron que el problema principal responde a un sistema de alcantarillado y drenaje pluvial deficiente, agravado por el asfaltado reciente de calles sin cunetas, lo que provoca la obstrucción de las alcantarillas. Indicaron que esta es la raíz del problema y que no está siendo atendida. Se ha cuestionado también que, a pesar de todos los cambios en diseño que se han hecho y todos los terrenos que se impactarán, no se ha hecho una evaluación del impacto ambiental del proyecto en su totalidad. 

“En lugar de invertir en soluciones reales para nuestras comunidades, nos pretenden desplazar mientras destruyen parques y zonas verdes para convertirlos en áreas de trabajo. Merecemos respeto, transparencia y soluciones reales, no proyectos improvisados que agravan la situación en lugar de resolverla”, expresó Rodríguez Román.

A casi cuatro décadas de su aprobación, el propio USACE ha reconocido que el proyecto aún no tiene diseño final en varias fases, no divulgará el costo total actualizado y su culminación depende de fondos adicionales que no están asignados, ni asegurados. Según expresiones de la agencia, las construcciones durarán hasta luego del 2040 exponiendo a las comunidades a sus efectos mínimamente por los próximos 15 años.

Las comunidades han denunciado inconsistencias en torno a las expropiaciones realizadas por el Departamento de Recursos Naturales como auspiciador local del proyecto. Mientras las agencias han minimizado el impacto del proyecto sobre la vivienda, la documentación presentada por el DRNA a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social en su investigación bajo la Resolución de la Cámara 438 revela que han habido al menos 22 casos judiciales de expropiación forzosa y más de 60 propiedades adquiridas por otras vías.

“El DRNA ha querido dar la impresión de que el desplazamiento de estas familias para tirar canales sobre sus hogares ha sido llevadero y voluntario. El secretario ha dicho que su agencia no hace expropiaciones, sino adquisiciones. Sin embargo, es importante tener presente que la expropiación es una forma de adquisición y que la diferencia radica en la voluntariedad del proceso: una adquisición voluntaria requiere consentimiento real e informado de las partes, mientras que la expropiación forzosa exige que la persona pase por un complejo proceso judicial. Cientos de familias viven con ese temor de que les saquen de su casa”, señaló Vélez Martínez, consultora de FURIA.

Las cifras han cambiado significativamente en los últimos años. Según USACE, inicialmente, el proyecto contemplaba el impacto de sobre unas 300 propiedades, cifra que posteriormente fue reducida a 150. Sin embargo, recientemente se han anunciado 13 propiedades adicionales, a ser adquiridas durante este año. A pesar de estos cambios, el mapa presentado por el USACE a la comunidad de Reparto Metropolitano refleja una huella mucho mayor, que supera los 500 terrenos, lo que levanta serias preocupaciones sobre la transparencia y el alcance real del proyecto.

“Es traumatizante saber que te quieren sacar de tu casa cuando tu área no se inunda. Ni USACE, ni el Municipio de San Juan, se han acercado a los residentes para dejarnos saber qué rayos quieren hacer, ni para qué, ni por qué. Hay otras formas mucho más económicas de arreglar la supuesta situación, pero no les importa la gente” expresó Miriam Hernández, residente de la comunidad de Reparto Metropolitano.

La comunidad de Reparto Metropolitano señala como graves la falta de transparencia y desconsideración con las preocupaciones de la comunidad. Desde el mes de enero, la organización FURIA Inc., realizó solicitudes de información al DRNA bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) y al USACE bajo el Freedom of Information Act (FOIA). En las solicitudes se pidió a la agencia documentación que evidenciara el estatus de los procesos de adquisición de propiedades en Reparto Metropolitano.

Luego de muchas trabas, que incluyeron la solicitud de más de $4,000 por parte de la USACE para hacer entrega de la información a la organización sin fines de lucro, la agencia federal hizo envío de documentos que lejos de dar claridad sobre el proyecto, demuestran cambios y contradicciones sobre sus planes. Por su parte, el DRNA no ha sido responsivo y no ha hecho envío de la información solicitada, según los denunciantes.