En una carta enviada a la gobernadora, el ente fiscal reconoció que el plan presupuestario cumple en términos generales con las metas del Fondo General establecidas en el Plan Fiscal vigente, pero señaló que el Gobierno no asignó recursos suficientes para cubrir riesgos operacionales en múltiples agencias.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSF) advirtió que el presupuesto propuesto por el Gobierno para el año fiscal 2027, aunque refleja avances en colaboración interagencial, aún presenta fallas importantes que podrían afectar la estabilidad de servicios esenciales en la isla.

En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, el ente fiscal reconoció que el plan presupuestario cumple en términos generales con las metas del Fondo General establecidas en el Plan Fiscal vigente. Sin embargo, señaló que el Gobierno no asignó recursos suficientes para cubrir riesgos operacionales en múltiples agencias, lo que podría traducirse en déficits si los costos reales superan las proyecciones.

La JSF expresó preocupación por varias reducciones presupuestarias que, según indicó, podrían comprometer la continuidad de servicios esenciales. Entre las áreas en riesgo figuran la salud pública, la seguridad, la educación y programas sociales, sectores que dependen de financiamiento estable para operar sin interrupciones.

Como parte de su evaluación, la Junta recomendó asegurar fondos para obligaciones clave como beneficios laborales bajo la Reforma del Servicio Civil, contratos críticos de tecnología, programas de capacitación en agencias de seguridad pública, gastos operacionales en el sistema educativo y la continuidad de servicios de salud.

Además de los señalamientos operacionales, la Junta destacó una deficiencia técnica significativa: el presupuesto no fue preparado conforme a las normas contables de devengo modificado, un requisito fundamental bajo el marco fiscal vigente. Esta omisión limita el cumplimiento pleno del plan con los estándares exigidos.

El análisis también identificó riesgos específicos en varias dependencias gubernamentales. Entre ellas, el Instituto de Ciencias Forenses podría enfrentar dificultades para cubrir su nómina; el sistema de salud correccional podría ver afectada la contratación de personal médico; y el Departamento de Justicia no presentó información suficiente para garantizar el financiamiento completo de fiscales requeridos por ley. Asimismo, el Centro Oncológico de la Universidad de Puerto Rico podría continuar dependiendo del Fondo General ante la falta de datos que respalden su autosuficiencia proyectada.

La Junta también alertó sobre incertidumbre en áreas como el manejo de emergencias, la contratación de paramédicos, la cobertura de vacantes en la Comisión Estatal de Elecciones y la sostenibilidad de ciertos fondos federales.

Aunque la versión original del presupuesto no cumplía con los requisitos de la ley federal PROMESA ni con el Plan Fiscal certificado, la propuesta revisada incorpora ajustes discutidos con la Junta. No obstante, el organismo enfatizó que aún persisten riesgos materiales y deficiencias que deben ser atendidas.

Como parte del proceso, el Gobierno deberá presentar las resoluciones presupuestarias detalladas del Fondo General y de Ingresos Especiales en o antes del 1 de mayo de 2026, fecha límite establecida por la Junta para continuar la evaluación del plan.

La JSF indicó que continuará trabajando con el Gobierno para afinar el presupuesto y garantizar su cumplimiento con los estándares fiscales, con miras a su certificación antes del 30 de junio de 2026. Mientras tanto, el Ejecutivo deberá someter información adicional y ajustar sus proyecciones en las próximas semanas.

A continuación presentamos los puntos señalados por la JSF al Gobierno de Puerto Rico en el Apéndice A de la página 4 de un informe de 48 páginas:

Apéndice A
Riesgos de las solicitudes presupuestarias del gobierno conformes a la normativa

• Oficina de Gestión de Emergencias y Desastres (EMD)
  – Riesgo potencial: Podría requerirse financiación adicional para apoyar los requisitos de contrapartida estatal de los fondos federales relacionados con FEMA.
• Instituto de Ciencias Forenses (IFS)
  – Riesgo potencial: Podría requerirse financiación adicional para cubrir la nómina actual de la agencia.
• ​​Salud Penitenciaria (SCP)
  – Riesgo potencial: La reducción podría afectar la capacidad de la agencia para financiar al personal involucrado en la prestación de servicios médicos, incluyendo médicos generales y especialistas, personal de enfermería y personal de salud mental.
• Oficina del Cuerpo de Emergencias Médicas (EMC)
  – Riesgo potencial: Podría requerirse financiación adicional para cubrir la contratación de paramédicos.
• Junta de Planificación de Puerto Rico (PJP)
  – Riesgo potencial: Podría requerirse financiación adicional si la Subvención para el Cumplimiento del Código (CODE) no se extiende más allá de octubre de 2026.
• Comisión Electoral Estatal (CCE)
  – Riesgo potencial: Podría requerirse financiación adicional para cubrir puestos vacantes.
• Administración de Servicios Generales (GSA)
  – Riesgo potencial: Podría requerirse financiación adicional si se requiere un servicio. o las demandas operativas
  superan las proyecciones
• Departamento de Justicia de Puerto Rico
  – Riesgo potencial: No se proporcionó información suficiente para confirmar que los puestos de Fiscal requeridos por la Ley 101-2024 contaran con financiación completa. La financiación actual parece ser suficiente para cubrir los puestos ocupados, según el análisis de la nómina, pero podría no serlo si se requieren puestos adicionales de Fiscal.
• Corporación para el Proyecto Enlace “Caño Martín Peña”
  – Riesgo potencial: En el año fiscal 2028, se prevé que la contrapartida estatal aumente a $32 millones, lo que podría generar la necesidad de un mayor apoyo del Estado Libre Asociado.
• Centro Oncológico Integral de la Universidad de Puerto Rico (“Centro Oncológico”)
  – Riesgo potencial: Si bien se proyecta que el Centro Oncológico sea autosuficiente para el año fiscal 2028, no se han proporcionado datos que respalden el aumento de la contrapartida estatal.