Justicia confirmó que investiga también al exinspector Arturo Deliz, lo que el secretario del DTOP usó como excusa para no ir a la Cámara a contestar sobre el funcionario.

Ni la exsecretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, ni la directora de Servicios al Conductor (DISCO), Mary Fuster Romero, se responsabilizaron en la Cámara de Representantes por el controvertible exjefe de investigaciones de DISCO, Arturo Deliz Vélez, que ayer se confirmó es objeto de una investigación del Departamento de Justicia (DJ).

Deliz Vélez es el delator en el proceso criminal contra la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. Es promovente de una acción legal contra el DTOP porque supuestamente tomaron represalias en su contra y también otro litigio por difamación contra el exsenador Carlos Díaz Sánchez y el personaje de redes sociales Dr. Diesel, cuyo nombre de pila es Juan M. Gotay Amador.

El exfuncionario del DTOP había pedido comparecer a las vistas que lleva a cabo la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes sobre la supervisión de los centros de inspección y el cambio de suplidor de las máquinas de inspección. Pero el martes su abogada lo excusó indicando que había sido entrevistado como testigo en el DJ contra Pérez Peña el 16 y 31 de marzo y que le pidieron guardar confidencialidad. El 16 fue el mismo día que fue efectiva la renuncia de la exsecretaria, a quien el inspector acusó de presionar a sus superiores para que lo botaran porque le había encontrado casi 2,000 infracciones, con una multa resultante de casi $1 millón, al centro de inspección que ella manejaba con su familia, Yabucoa Auto Services.

Pero el miércoles, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, le jugó la misma mano a la comisión y presentó una carta con la que se excusó para no comparecer por la investigación en Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sobre Pérez Peña. El funcionaro hizo más y presentó una carta en la que la secretaria del DJ, Lourdes Gómez Torres, le dice que “mantiene activa una investigación separada” sobre Deliz Vélez. Esto es la primera indicación que hay de que Justicia no solo usó al inspector como testigo contra la exsecretaria, sino que también lo investiga. El subsecretario del DTOP, Marcos García, dijo que la carta del DJ les llegó el lunes pasado, aunque tiene fecha del viernes pasado. Desde el viernes pasado, ya se sabía que la comisión tenía citado a González Montalvo para ayer.

La representante legal de Deliz Vélez, licenciada Lindsay T. López Murillo, se limitó a decir a NotiCel que se investiga una “querella” contra su cliente y que no haría más comentario sobre eso.

Las acciones de Deliz Vélez como jefe de inspección e investigación del DISCO han sido eje de señalamientos de irregularidades, particularmente desde el viernes, cuando dueños de centros de inspección describieron la manera irregular en que se les supervisaba, se le imponían multas, se negociaban esas multas y se les cerraba sus negocios.

El perfil laboral público de Deliz Vélez denota que de 1996 a 2000 fue director ejecutivo de la Oficina de Asuntos de la Juventud, desde 2017 es administrador de fondos federales en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y desde 2021 aparece como gerente de proyectos en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resilencia (COR3). En julio de 2025, lo relevaron de su posición en DISCO y lo mantienen sin funciones laborales.

En su comparecencia el martes ante la comisión, Vélez Vega dijo que el funcionario había llegado al DTOP desde la AEE. “Yo no lo recluté”, aseguró al desentenderse de sus acciones y contestar varias preguntas diciendo que su supervisora era Fuster Romero.

Pero, el miércoles, la directora de DISCO desde octubre de 2021 no solamente confirmó que las alegaciones de los dueños de centros de inspección constituyen actos irregulares, sino que puntualizó que “él era de confianza de la señora secretaria (Vélez Vega), él estaba adscrito a la oficina de DISCO”. Esto, para justificar que no conocía todas las irregularidades que se han señalado contra Deliz Vélez porque su grupo de trabajo se manejaba con un grado de confidencialidad y porque no recibió querellas al respecto.

En su alegación de represalia, el inspector dijo en una declaración jurada que Fuster Romero es la que, en dos ocasiones, le habla de las presiones que recibió por su fiscalización del negocio de la exsecretaria de Vivienda. En una instancia, Pérez Peña la habría llamado directamente para decirle que “Arutro Deliz la tiene harta y hay que botarlo”. En otra, que González Montalvo le dijo que Pérez Peña se le había acercado en una actividad para mostrarle un video en el que Dr. Diesel critica al inspector.

En la vista del miércoles, Fuster Romero dice que Justicia la citó, pero no precisó si era para pesquisa de Pérez Peña o la de Deliz Vélez. También que, bajo Deliz Vélez, la supervisión de los centros de inspección se hizo “de manera incorrecta”. “Ahora es que está corriendo como debe ser”, contrastó al resaltar que no se podían hacer cosas como cerrar centros sin autorización del secretario, negociar el monto de multas o dar multas por violaciones que constituían delito. De hecho, representantes del Departamento de Hacienda dijeron ayer que en sus récords no tienen manera de detallar cuánto cobró el DISCO por multas a los centros porque no tienen los comprobantes atados a acciones de ese tipo en DISCO. El centro pudo haber adquirido un comprobante en una colecturía para pagar la multa, pero el mismo no aparece en Hacienda atado a esa multa, aseguraron.

Fuster Romero también colocó sobre Deliz Vélez la responsabilidad del trámite por el que comenzó la investigación cameral, el posible cambio de las máquinas de inspección de las actuales que la empresa Cartek Caribe Inc. maneja desde los años 90, a las que los centros tendrían que alquilarle a la empresa Worldwide Enviromental Products, Inc.. Esta última fue la única que cumplió con los criterios tecnológicos de un proceso de requerimiento de propuestas que el DTOP llevó a cabo en la Administración Pierluisi Urrutia. La Administración González Colón primero completó la adjudicación del contrato a Worldwide y luego lo canceló para reinicar un proceso de adjudicación bajo la Administración de Servicios Generales.

Los centros dijeron que en reuniones en los que estaban Deliz Vélez y representantes de Worldwide se les informó, sin opción, que tenían que cambiar a las máquinas nuevas si querían seguir operando. Las actuales están obsoletas, admitieron en la vista del viernes, pero eran de su propiedad y no implicaban gastos fijos mensuales de mantenimiento. Las nuevas, por otro lado, les costarían un depósito de $6,000 y mensualidad de $1,500 sin opción de comprarlas, a pesar de que la máquina la pueden comprar por unos $8,000 en Estados Unidos.

La directora de DISCO dijo que Deliz Vélez fue el representante de su oficina en el proceso de diseñar los criterios tecnológicos de la propuesta.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, llamó la atención a las consecuencias que todavía puede haber por las irregularidades atribuidas a Deliz Vélez.

“Van a tener que devolver el dinero porque si la multa fue nula, como acaban ellos de reconocer, de que fue irregular, de que no se llevaron a cabo los procedimientos, esas multas van a tener que devolverlos… A mí, yo estoy de verdad, no solo sorprendido, indignado. Qué bueno que van a corregir los asuntos, pero como le he dicho, esto tiene unas consecuencias para el erario, para los procedimientos, para reclamaciones”, expresó.

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