LUMA le ha sobrefacturado millones a Educación desde el 2021
“Estos créditos responden, principalmente a la presentación de reclamaciones a LUMA, correcciones de facturación, ajustes por estimaciones incorrectas, cancelación de servicios innecesarios y revisiones de demanda contratada”, dijo una funcionaria.
Joanelly Maldonado, directora ejecutiva de la Oficina de Servicios Generales del DE. (Foto suministrada)
El Departamento de Educación (DE) ha reclamado exitosamente créditos a LUMA Energy por casi $58 millones, indicó la agencia a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
La cifra exacta no fue precisada ayer.
En vista pública, Joanelly Maldonado, directora ejecutiva de la Oficina de Servicios Generales del DE, explicó que mediante el sistema conocido como Monitor Inteligente de Gastos y Servicios (MIGS), que centraliza el monitoreo de facturas, identifica anomalías en el gasto de energía eléctrica y gestiona reclamaciones ante LUMA, de todas las cuentas pertenecientes a la agencia, han logrado créditos montantes a $57,831,187 desde el 2021 hasta el presente.
“Actualmente, mediante este sistema se monitorean aproximadamente 1,557 cuentas de energía eléctrica correspondientes a unas 850 localidades del sistema escolar, lo que permite una fiscalización proactiva y continua”, indicó por su parte la Lcda. Saraí Ruiz Maysonet, directora de política pública de la mencionada agencia.
La deponente añadió que “estos créditos responden, principalmente a la presentación de reclamaciones a LUMA, correcciones de facturación, ajustes por estimaciones incorrectas, cancelación de servicios innecesarios y revisiones de demanda contratada”.
“Por año fiscal, los créditos reflejan una tendencia significativa en la recuperación de fondos públicos, evidenciando la efectividad de los mecanismos de fiscalización implementados”, mencionó al informar que aún queda por reclamar $42,592,472.
A preguntas del representante Víctor Parés Otero, la directora de Servicios Generales del DE sostuvo que la facturación del gasto asociado al sistema educativo ronda entre $41 a $54 millones anuales en los años fiscales recientes, en los que con la implementación de MIGS, se ha logrado un control de gasto, debido a que el sistema tiene la capacidad de alertar cuando se produce una facturación o gasto que se sale de la tendencia histórica para la agencia.
Este sistema que utiliza inteligencia artificial (IA) fue implementado por la compañía True North, a un costo de $3 millones, el cual ha representado ahorros sustanciales debido a que detecta anomalías en el gasto de energía eléctrica y posibles errores en la facturación por parte de LUMA, según Maldonado.
A esto se une la gestión realizada por el componente de esta oficina que desde el 2021, ha depurado las cuentas para quedarse con las que en efecto corresponden al DE, dando de baja las que no pertenecen a edificios activos dentro de la agencia o escuelas que han sido transferidas a organizaciones sin fines de lucro, de modo que, en la actualidad, aseguró Maldonado “no existe en el DE cuentas que no pertenezcan a dependencia”.
Con dicho ejercicio de dar de baja las cuentas que no pertenecen al DE, se han desconectado alrededor de 446 cuentas.
No obstante, Ruiz Maysonet señaló que “el DE ha identificado como reto significativo el requisito establecido por la “Ley de Transformación y Alivio Energético” del 2014, “que condiciona la presentación de objeciones al desembolso previo de un pago promedio”.
“Esta disposición representa una limitación operacional, debido al alto volumen de cuentas, los procesos administrativos internos, las restricciones presupuestarias y el tiempo requerido para la tramitación de aprobaciones, lo que puede incidir en la capacidad del Departamento para presentar reclamaciones por el tiempo establecido”, siendo 45 días, luego de emitida la factura.
Por lo que recomendó-a nombre del DE- una enmienda a la ley para que la agencia quede exenta del requisito de pago promedio de la factura para presentar una objeción. De este modo, la radicación de la impugnación del monto de la cuenta sería suficiente para iniciar el proceso administrativo ante el Negociado de Energía, sin que se considere incompleta o inválida por falta de pago.
Otra alternativa es que la agencia dispondrá de un término de 90 días para emitir dicho pago a la radicación de la objeción, sin que ello invalide el proceso administrativo. El presidente de la Comisión, Parés Otero, aseguró que estudiarán estas recomendaciones.
En otro tema, el componente del DE, informó que desde la implementación de la Ley 114 del 2007, que establece el Programa de Medición Neta acreditando un 25% de la energía que se genera mediante placas solares a esta agencia, se le ha adjudicado alrededor de ocho millones de dólares por este concepto.
Sin embargo, a preguntas del representante Luis Pérez Ortiz, los deponentes no pudieron producir la cifra correspondiente anteriores a la fecha de implementación del sistema MIGS, por lo que la Comisión solicitó dicha información.
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