Mediante una reclamación judicial, sostienen que es inconstitucional el mecanismo para registrar ciertas ventas de bienes raíces.

El domingo 1 de marzo entró en vigor una regla federal nueva que obliga a registrar las transacciones de bienes raíces que involucran fideicomisos pero que no requieren financiamiento, particularmente, precisar las identidades de los participantes.

Estas nuevas Reglas Antilavado de Dinero para Transferencias de Bienes Raíces Residenciales es inconstitucional, sostiene una demanda radicada en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por inversionistas residentes en la isla que se benefician de la anterior Ley 22, ahora Ley 60.

A los que principalmente le aplican las nuevas reglas son abogados, notarios, agentes de bienes raíces y a los corredores involucrados en estas transacciones, que tienen que guardar por cinco años información relacionada con cuantía, estructuración de los pagos, identidad real de los participantes de la transacción (incluyendo menores y “dueños beneficiarios” de las entidades) y otros detalles. Sobre los notarios, la reclamación puntualiza que los transforma de entes neutrales a “un brazo recolector de datos para las agencias de ley y orden”.

Todos estos interventores en la transacción tendrían que preservar la información por cinco años y son altamente vulnerables a ciberataques para obtener los datos, se le argumentó al tribunal. Las transacciones cubiertas no son solo estructuras residenciales, también terrenos que se van a destinar a ese tipo de estructura y acciones en cooperativas de vivienda.

La intención de las reglas es que el Departamento del Tesoro y las agencias de seguridad puedan “limitar la capacidad de actores ilícitos para lavar anónimamente ganancias ilícitas a través de las transferencias de bienes raíces, lo que amenaza la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos”.

Pero los demandantes sostienen que el gobierno federal se excede al partir de la premisa de que toda transacción de propiedades sin financiamiento es ilícita. También, que ya existen mecanismo judiciales y herramientas investigativas que permitirían a las agencias llegar a esa información. Por los propios estimados del gobierno, las transacciones que caen dentro del ámbito de las reglas pueden ser 850,000 cuando antes, bajo otras regulaciones similares, acaparaban solo unas 20,000.

En el contexto de los decretos contributivos en Puerto Rico, los demandantes indicaron que hacer transacciones de la manera cubierta por las reglas puede ser preferible “para mantener privacidad, seguridad y anonimato, particularmente a la luz del debate altamente visible que rodea la compra de bienes raíces (en la isla)”.

Las reglas se están discutiendo desde 2024 y se supone que entraran en vigor el 1 de diciembre pasado, pero se aplazó hasta el domingo pasado.

Los demandantes son la Puerto Rico Privacy Association, Inc., una organización que agrupa a algunos beneficiarios de decretos, ViveApto Trust, un fideicomiso constituido aquí, y Pilar Fiduciary Services LLC, una entidad con sede en Dorado. Hace años, la asociación demandante intentó, sin éxito, evitar que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio publicara datos básicos sobre los beneficiarios de decretos.

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