La fiscalía federal en la isla incautó al menos 12 aparatos electrónicos como parte de su pesquisa contra el hombre vinculado con construcciones ilegales en la reserva natural de La Parguera, como la que realizó para los suegros de la gobernadora.

La información la consignó la fiscal Linet Olinghouse el 8 de enero pasado en una vista de estado de los procesos en el caso de Daniel García Martin ante el juez Raúl Arias Marxuach. Las extracciones de información realizadas a esos aparatos son lo que les falta entregar a la defensa para completar el descubrimiento de prueba.

No se mencionó ningún otro detalle de los aparatos o las extracciones. García Martin enfrenta cargos por posesión ilegal de armas, pero esa incautación de armas que los agentes realizaron en su casa fue mientras realizaban una orden de allanamiento que se expidió como parte de la investigación sobre las construcciones ilegales.

El 23 de octubre pasado, la licenciada Jessica Earl, de la Oficina del Defensor Público Federal, divulgó al magistrado Marshall Morgan en la vista inicial que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se había acercado varias veces a su cliente con relación al trabajo que realizó en la casa de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón. “Él es consciente de que es el sujeto de una investigación pendiente. Así que no solamente enfrenta penas (por las armas), también enfrenta penas potenciales adicionales”, refrendó la fiscal Olinghouse en esa misma vista.

Cuando el magistrado recogió el dato en una orden, la fiscalía pidió corregir el récord para indicar que la pesquisa no era sobre la gobernadora. Luego, una mayoría de los jueces de distrito decidió no renovar el nombramiento de Morgan en el cargo, aún cuando un comité evaluador había recomendado unánimemente que continuara.

Durante la vista de enero, quedó claro que las partes se dirigen a disponer del caso sin ir a juicio. Earl adelantó que se propone presentarle a la fiscalía una petición de mitigación sobre los antecedentes penales del hombre de 67 años, quien tiene dos condenas por asesinato, una a los 14 años y otra a los 40. La primera víctima habría sido su padrastro y la segunda una compañera consensual. Con esto se busca reducir la condena a la que está expuesto por la posesión de un arma y 143 municiones que en su caso es ilegal por haber sido convicto de delito grave. El juez concedió hasta el 27 de febrero para que las partes informen si hay alegación de culpabilidad o si van para juicio.

La controversia sobre la construcción ilegal en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera tiene varios frentes. Está pendiente en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la multa de $25,000 que el matrimonio enfrenta desde la Administración Pierluisi. A la vez, está vigente la orden administrativa que el secretario Waldemar Quiles Pérez firmó como primer acto oficial el mismo día que la gobernadora lo designó al cargo y que tiene el efecto tanto de legalizar las construcciones ilegales en la zona, como de desestimar casos pendientes por eso.

En el escenario legislativo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por un lado pastoreó la aprobación del nombramiento de Quiles Pérez, a pesar de las críticas por su orden administrativa. Por el otro, tronchó el proyecto de la gobernadora que buscaba convertir en ley el contenido de la orden administrativa. El Senado no ha dado paso a resoluciones de la minoría para ordenar que se deje sin efecto la orden administrativa ni para realizar una investigación sobre los daños ambientales y construcciones ilegales en el área. Dio paso a una resolución de su presidente para pedirle a varias agencias información con la que se pudiera “identificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras” en el área, así como el uso de las mismas y las construcciones recientes. Pero el 30 de junio cerró la investigación sin compeler al municipio de Lajas y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a entregar información que no entregaron. De los informes parcial y final tampoco se desprende que se haya entregado la lista de propietarios.

Vea:

Investigación del FBI sobre suegros de gobernadora se discutió con magistrado