El Senado impulsa un modelo más transparente y flexible ante la crisis de vertederos y la diversidad municipal.

El manejo de desperdicios sólidos representa uno de los desafíos financieros y logísticos más complejos para Puerto Rico. De los 29 vertederos existentes, únicamente seis cumplen actualmente con las normativas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), lo que evidencia la urgencia de una reforma integral en el sistema de gestión de residuos.

La cantidad de residuos generados es significativa: cada puertorriqueño genera aproximadamente cinco libras de basura al día, lo que equivale a 8,000 y 9, 000 toneladas diarias y más de 176 millones de libras mensuales. 

Esta realidad complica aún más la situación en los municipios, donde la autonomía de los 78 municipios genera grandes diferencias en recursos, capacidades y realidades para garantizar este servicio esencial pese a las dificultades presupuestarias y la necesidad de modernizar infraestructuras.

Ante este panorama la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, presidida por José A. Santiago Rivera, puso sobre la mesa el Proyecto del Senado 302 (PS 302), que pretende enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para regular la contratación en el manejo de desperdicios sólidos.

La propuesta legislativa establece que, para gestionar el servicio de recogida y disposición final de residuos, los municipios deberán recurrir a procesos competitivos y transparentes, como la subasta pública o la solicitud de propuestas, permitiendo un modelo híbrido que se adapte a sus particularidades. 

Además, el PS 302 regula el arrendamiento de espacios públicos para la colocación de equipos y recipientes de basura o material reciclable, buscando garantizar el uso adecuado de los recursos y evitar prácticas corruptas.

Una de las preocupaciones principales es la respuesta ante emergencias, como la experimentada durante el huracán María. El proyecto contempla excepciones para la contratación en situaciones de emergencia, pero limita estos contratos a un plazo máximo de 90 días, prorrogables por otros 90 con justificación ejecutiva. Se exige, además, la publicación de información sobre estos contratos en portales oficiales para garantizar la rendición de cuentas, aunque voces municipales han solicitado mayor flexibilidad en caso de falta de acceso a internet.

Durante la reciente audiencia pública, participaron la Asociación de Alcaldes, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y la Administración de Servicios Generales (ASG), coincidiendo en la necesidad de reforzar la transparencia en los procesos contractuales. 

La contralora Carmen Vega Fournier propuso capacitación municipal, auditorías preventivas, acceso público a la información y el cumplimiento estricto de los límites y exenciones de los contratos.

“Según la exposición de motivo, la medida tiene la intención de combatir la corrupción y la desconfianza que expone esta pieza legislativa que Puerto Rico. Es imperativo poner trabas a la corrupción, ampliar procesos de mayor transparencia y participación, evitando el favoritismo, promoviendo la libre y limpia competencia que impulsa y garantiza un servicio de mayor calidad”. 

Los servicios de manejo de desperdicios sólidos se consideran servicios esenciales a la comunidad. Este servicio consume una gran cantidad del gasto público en cada uno de los municipios de acuerdo con su composición y organización. 

“Actualmente, existe una flexibilidad con relación a la contratación sin subasta de recogido, manejo y almacenamiento de desperdicios sólidos. A estos efectos, es imperativo revisar las normas de contratación gubernamental para este tipo de servicio”, precisó la contralora. 

Modelos adaptados a la realidad local

La discusión evidenció la dificultad de aplicar un único modelo en todos los municipios debido a las diferencias geográficas, logísticas y de recursos. Por ello, los presentes abogaron por una fórmula flexible que permita recurrir a la solicitud de propuestas cuando las subastas queden desiertas o no existan suficientes contratistas, siempre con mecanismos que eviten el abuso y garanticen la transparencia.

La ASG apoyó la obligatoriedad de procesos competitivos y recomendó permitir el uso de Solicitud de Propuestas junto a la subasta pública para adaptarse a la complejidad y diversidad de los municipios. 

Andrés Ríos Ramírez, director legal de ASG, en nombre de Carla Mercado, administradora de la entidad responsable de subastas y contratos gubernamentales, señaló que los contratos centralizados serían opcionales y que se requiere flexibilidad para casos especiales.

“La flexibilidad y el rigor pueden coexistir si se aplica una flexibilidad estructurada. Esto implica evitar abusos y exigir documentación para justificar excepciones al procedimiento competitivo, garantizando que solo se permitan en circunstancias serias y comprobables”.

Asimismo, la Asociación de Alcaldes defendió la capacitación, auditoría preventiva y flexibilidad en los procesos con un modelo híbrido de subasta pública y radicación de propuestas. 

No obstante, Jaime García, asesor legislativo del gremio señaló la dificultad de cumplir con ciertos requisitos en emergencias como la publicación de contratos en 10 días cuando no hay acceso a internet, y pidió “enmiendas que reflejen una flexibilidad realista”.

Tanto la Contralora y la Oficina de Ética Gubernamental coinciden en que la ley por sí sola no erradicará la corrupción si no va acompañada de ética profesional y una cultura de transparencia. Por ello, a través de su agencia se están desarrollando programas de formación y cápsulas educativas para los equipos municipales.

La discusión del PS 302 continuará entre la Federación y Asociación de Alcaldes, la Oficina de Ética y otras entidades, con el objetivo de afinar la medida y garantizar un servicio eficiente y honesto. La meta es dotar a los municipios de herramientas legales modernas y flexibles, sin perder de vista la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.