El contador Gabriel Federico Hernández Colón, quien a través de la firma BDO Puerto Rico ejerció control sobre sectores amplios del gobierno de la isla y era un líder de finanzas en el sector privado, no enfrentará juicio por los cargos federales de fraude contributivo que le presentaron en octubre de 2020.

En la antesala del Verano del 19, los socios de BDO Puerto Rico se involucraron en distintos casos criminales a nivel federal, provocando que el entonces Principal Oficial Financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier, le cancelara todos sus contratos públicos. Esa acción, y el acudir a las autoridades federales como informante, llevaron a que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares destituyera a Maldonado Gautier, detonando así los eventos que terminaron en la renuncia del mandatario tras revelarse un chat de Telegram en el que participaba con varios funcionarios, y no funcionarios, incluyendo al destituido.

Tras la pesquisa federal, al socio de Hernández Colón, Fernando Scherrer Caillet, le presentaron cargos relacionados a la tramitación de los contratos de BDO como parte del caso que encabezó la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Mientras, Hernández Colón se involucraba con un ‘cliente’, que realmente era un agente encubierto, a quien ayudó a establecer una corporación en la isla con beneficio contributivo de exportación (Ley 20) y que habría facilitado que el supuesto inversionista evadiera impuestos federales. Hernández Colón era uno de los profesionales locales que más transacciones manejaba bajo las leyes de decretos contributivos.

BDO Puerto Rico, que era una firma independiente dentro de la red global BDO, despidió a sus empleados y desapareció. Según se anunció la semana pasada, la marca BDO ahora vuelve a la isla porque su otra firma independiente, BDO USA, adquirió Horne LLP, que es el principal gerente de subvenciones del Departamento de la Vivienda (DV) para atender las asignaciones federales por los huracanes Irma y María. Tras la unión de las compañías en Estados Unidos, planifican atender los contratos locales con el nombre de BDO Government Services LLC.

El regreso se anunció cuando ya se sabía que el caso contra Scherrer Caillet, igual que los demás acusados excepto por Keleher, terminó sin ir a juicio y sin enfrentar castigo. Específicamente, se resolvió con lo que se conoce como un desvío, un mecanismo mediante el que el acusado puede obtener la desestimación de cargos si cumple con unas condiciones similares a las de probatoria durante un término que usualmente es un año.

Pero NotiCel confirmó que el caso de Hernández Colón terminó igual, con un desvío que su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, anunció al tribunal el 8 de agosto pasado. El trayecto de este caso es fuera de lo común. Tras su arresto en 2020, nada sucedió hasta que en junio de 2021 el contador sometió ocho mociones de desestimación. Entonces, nada pasó en 2022, 2023 y 2024 hasta que el juez Pedro Delgado Hernández las denegó el 9 de julio de 2025.

De cara a una conferencia de estado de los procesos que se llevó a cabo el 28 de julio, la fiscalía pidió al juez que fijara fecha de juicio y, por otro lado, la defensa pidió que se desestimara el caso porque a Hernández Colón se le había violentado el derecho a juicio rápido con los 1,399 días que estuvieron pendientes las mociones. Ese argumento no prosperó porque el juez fijó juicio para el 3 de noviembre.

Pero entonces, menos de dos semanas después, surgió la moción en la que, “por la presente, las partes informan al tribunal que han llegado a un acuerdo sin necesidad de más procesos”. “Al completar los términos del acuerdo en 12 meses, el gobierno se moverá para desestimar con perjuicio los cargos pendientes”, añadió. La moción no lo dice explícitamente, pero lo que describe es un desvío como el que obtuvo el exsocio de Hernández Colón.

La resolución del caso del contador el 8 de agosto ocurrió menos de dos semanas antes de que en Florida se emitiera sentencia de un año de probatoria contra el inversionista Suresh Gajwani. Este beneficiario de decreto contributivo en la isla tuvo denuncia por hacer una declaración falsa al Tesoro federal para no pagar $7 millones por ganancias de $30 millones que había tenido en acciones de la empresa Tesla. Según la fiscalía federal, tras mudarse a la isla en 2020 para acogerse a los decretos contributivos, “un abogado” le dijo a Gajwani que no tenía que pagar esos impuestos si cambiaba de manera retroactiva la clasificación de la corporación Nimco II Corp., a través de la que era dueño de las acciones, y así aprovechar su nuevo status bajo el decreto de Puerto Rico. El hombre lo hizo, aunque sabía que estaba remitiendo una declaración falsa al gobierno federal.

El caso de Gajwani nunca fue contencioso, ya que comenzó este mismo año mediante una denuncia directa de la fiscalía (“information”) a la que se declaró culpable. En los documentos para la sentencia del 20 de agosto en el distrito sur de Florida, no se divulgaron detalles adicionales del crimen ni de sus actividades en Puerto Rico. Se resaltó que aparenta ser el primero que se procesa por un cambio corporativo fraudulento como el que realizó, que tiene 79 años, que sufre de demencia en etapa temprana, que sufre cáncer de los riñones y que ha tenido hemorragias cerebrales. También, se consignó que pagó los $7 millones, así como penalidad de $5 millones y $3 millones de intereses.

Los casos de Hernández Colón y de Gajwani eran los de más alto perfil en la ofensiva del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) contra los beneficiarios de decretos contributivos en la isla. Una acción presionada por congresistas como la puertorriqueña Nydia Velázquez. Pero el compromiso del IRS con esa ofensiva quedó en entredicho en mayo de 2024 cuando el New York Times publicó declaraciones de un informante sobre que meramente habían auditado a dos docenas de contribuyentes y no le habían cobrado impuestos a ninguno.

Al caso de Gajwani, ahora se suma que, según publicó Bloomberg la semana pasada, la fiscalía en Miami envió requerimientos de información nuevos a profesionales que asisten a los beneficiarios de los decretos, específicamente al bufete internacional Baker McKenzie LLP.

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