En dos acciones separadas, los empresarios denunciaron los efectos económicos y violaciones de derecho que alegan resultan de las acciones de la Policía y el Municipio de Carolina.

Dos negocios ubicados en Isla Verde, y un suplidor y dos clientes de estos, demandaron a la Policía y al Municipio de Carolina por una combinación de actos oficiales que, sostienen, violenta sus derechos constitucionales y les está causando daños económicos.

Los demandantes pidieron al tribunal intervenir con un bloqueo que la Policía instauró en el área los fines de semana, específicamente como respuesta a la residencia de conciertos de Benito Antonio “Bad Bunny” Martínez Ocasio. También, declarar inconstitucional la ordenanza municipal con la que Carolina instauró un Código de Orden Público en ese sector turístico que limita la venta de alcohol en los negocios, pero no en los hoteles del área.

La acción policial surge del Plan de Trabajo de la Superintendencia Auxiliar para Operaciones de Campo (SAOC), CC -8-TUR-1-1643, que les permite limitar la entrada de personas a Isla Verde desde el viernes a las 4:00 pm hasta el lunes a las 4:00 am a solo los residentes del lugar o huéspedes de los hoteles. Los demandantes aseguran que en una reunión el 5 de agosto, el inspector González (no se proveee nombre) de la Comandancia de Carolina indicó que el municipio pidió la implantación del bloqueo de esa manera. A las personas se les decía que los negocios estaban cerrados, cuando no lo estaban.

“No sin contradicciones evidentes, el Plan de Trabajo de la Policía de Puerto Rico se hizo con la intención manifiesta de controlar el ‘bullicio y gentío de multitudes’ que en ocasión de la residencia del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio (conocido por Bad Bunny) habrían de impactar la zona turística de Isla Verde. En nada, tenía que ver el Plan de Trabajo, con el control de la criminalidad, siendo dicho distrito, en palabras del Inspector González, el de la más baja tasa de criminalidad en el municipio de Carolina”, indica la petición.

“El interés del estado realmente debe ser aumentar la protección policial durante esas horas en las zonas turísticas de Isla Verde, sin que dicha función resulte en afectar el turismo de esa área considerando que la alegada falta de seguridad pueda estar relacionado a la falta de protección policial durante esas horas de la noche”, añadieron.

En cuanto al Código de Orden Público, que entró en vigor ayer, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde la medianoche de domingo a jueves y desde la 1:00 am los viernes y sábados, excepto en hoteles, farmacias y gasolineras.

“Esta excepción, que solo favorece esta limitada jerarquía económica de alto nivel, es una crasa violación a la igual protección de las leyes, toda vez que, beneficia en su mayoría al capital internacional o nacional de las llamadas grandes empresas (ingreso brutos de más de $10 millones al año o más de 50 empleados), mientras que, discrimina contra el micro, pequeño y mediano empresario, esencialmente a la economía criolla de Puerto Rico, que tienen menos de 7 empleados y generan ingresos brutos de menos de $500,000.00 de ingresos anuales, 25 empleados, y genera ingresos bruto de menos de $3 millones (pequeña empresa) o la mediana empresa, menos de 50 empleados e ingresos bruto de menos de $10,000,000.00 al año, que son la Parte Demandante aquí compareciente”, argumentaron al reclamar violaciones a derechos constitucionales de debido poceso, derecho a asamblea, derecho a expresión y discrimen.

Los demandantes aseguraron que el mismo municipio de Carolina ha provocado “incidentes de irresponsabilidad” que “complican la relación de los residentes con los comerciantes”, como cerrar el estacionamiento municipal en horario nocturno y no fiscalizar a los negocios que han “causado problemas de desorden”.

Chidos Mexican Restaurant y Hotties son los negocios demandantes. El primero reclama una baja de 33% de sus ingresos ($80,000 entre julio y agosto) por las restricciones en la Avenida Isla Verde.

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