Informe revela que el municipio invirtió $15,921,660 en construcción del Museo de la Música Rafael Ithier, que no ha redundado en beneficio del interés público.

La Contraloría reveló hoy que el municipio de Guaynabo invirtió $15,921,660 en la construcción del Museo de la Música Rafael Ithier, que no ha tenido utilidad ni ha redundado en beneficio del interés público.

Según un informe, del 2013 al 2017, se formalizaron 16 contratos y 22 enmiendas con cinco contratistas para servicios de diseño, construcción, inspección, supervisión y estudio de suelo.

Sin embargo, al 2020 el Museo no se estaba utilizando.

Además, el municipio compró una planta de concreto mezclado por $221,158 a un proveedor de Kentucky, para producir concreto de alta calidad, en una adquisición tenía el propósito de reducir sus costos de construcción y dar servicios de hormigón a otros municipios y empresas privadas.

No obstante, tampoco esta inversión ha tenido utilidad ya que la planta está deteriorada, cubierta de vegetación y no se había instalado.

Igualmente, la auditoría señala que para la adquisición de los módulos de juego del parque pasivo de Torrimar por $124,294, no se cumplió con el requisito de celebrar subasta.

El Reglamento Municipal dispone que para compras que exceden los $100,000, se tiene que celebrar subasta.

En su lugar, el Municipio solicitó cotizaciones a cuatro proveedores.

Asimismo, el ayuntamiento desembolsó $29,450 para el pago de tres multas por violaciones a reglamentos relacionados con el manejo de desperdicios sólidos, control de erosión, trámites de permisos generales.

A su vez, pagó una penalidad por condiciones de trabajo no seguras estipuladas en la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, siglas en ingles).

«Estas situaciones tienen el efecto de reducir los recursos disponibles, y pueden ocasionar daños ambientales y pleitos judiciales innecesarios», apuntó la Contraloría.

Los auditores detectaron que del 2015 al 2018, el municipio realizó 907 pagos por $35,578,580, mediante transferencias electrónicas, sin reglamentación para este tipo de procesamiento de pagos.

Tampoco suministró para examen 17 desembolsos y sus justificantes correspondientes al pago de obras de construcción por $870,147, y no se marcaron como pagados los justificantes de siete comprobantes de desembolso por la suma de $242,206.

«Estas deficiencias no permitieron verificar la corrección y propiedad de dichos desembolsos», señala el informe.

El informe comenta el proceso judicial contra el entonces alcalde Ángel Pérez Otero, desde que la fiscalía federal le sometió cargos por fraude contra el gobierno de los Estados Unidos el 8 de diciembre de 2021, hasta que fue declarado culpable por cargos de soborno, extorsión y conspiración el 22 de marzo de 2023.

Este segundo y último informe de Guaynabo cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020.