Fuerte oposición de profesionales de la salud a dejar a discreción aplicación de vacunas
Entienden que la propuesta pone en peligro a la población infantil.
Expertos en salud infantil solicitaron que se reconsidere el propósito de un proyecto con que se deroga la Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes
El Proyecto de la Cámara 1948 también busca establecer las exenciones a la vacunación y “proteger” derechos parentales y de alegada libertad religiosa.
De acuerdo con la exposición de motivos, Puerto Rico tiene una tasa de 90% de personas vacunadas. Un nivel de vacunación considerablemente alto.
En una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por la representante Sol Higgins, el doctor Gerardo Tosca Claudio, pediatra y presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, se opuso a la medida resaltando que la vacunación es una de las principales vías de prevención y control de enfermedades.
“La Sociedad está en contra de la aprobación de este (proyecto) y nos unimos también a la ponencia del Departamento de Salud. Nuestra posición desde el punto de vista pediátrico, cuando se habla de prevención de enfermedades tenemos que hablar de vacunación. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas son un efecto significativamente probado cuyo efecto lo que genera es inmunidad contra una enfermedad y promover la creación de anticuerpos”, destacó Tosca Claudio en vista pública.
“En Puerto Rico, el Departamento de Salud junto a la clase médica, han luchado por mantener todos los niveles de vacunación sobre el 90%...Este proyecto debilita los esfuerzos de la vacunación y pone en riesgo la salud de todos nuestros niños y adolescentes. El que los padres decidan cuando ponerle una vacuna a su hijo, deja al menor sin protección y vulnerable a enfermedades infecciosas que las vacunas previenen. Es importante vacunar tan pronto sea posible”, continuó.
También, llegó alertar que la medida no incluye a menores recién nacidos hasta los cuatro años, lo que provocaría dejarlos sin ningún tipo de defensa en su cuerpo los primeros años de su vida.
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En la medida se destaca que se requerirá que en el proceso de vacunación de todo estudiante al ser matriculado en una escuela se le provea al padre los datos sobre los compuestos de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios y adversos. También estipula que no se requerirá el certificado de vacunación para admisión o matrícula de aquel estudiante que presente una declaración jurada de su padre por vía legal o por creencia religiosa.
Todo estudiante, de igual manera, quedará exento de vacunarse de aquellas enfermedades que haya padecido. "Esto se acreditará mediante el correspondiente certificado médico o declaración jurada...", reza la medida.
Igual, los estudiantes exentos no podrán ser vacunados durante una epidemia sin el consentimiento del padre.
El sacerdote y licenciado en Derecho, Carlos Pérez Toro, fue el único deponente que endosó la medida.
“Precisamente aplicando los parámetros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, debemos comenzar diciendo que todas las leyes de vacunación en Puerto Rico, tanto la ley 235 como la ley 25, han dado excepciones por motivos médicos. Esas excepciones seculares, no han puesto en peligro la población estudiantil en general, ya que, debido a los altos niveles de vacunación en Puerto Rico, se alcanzan la llama inmunidad de la manada en la que todos están protegidos. Por eso, en nuestra opinión, el proyecto pone en su justa perspectiva la excepción por motivos religiosos…”, resaltó Pérez Toro.
“Lo que este proyecto de ley quiere hacer es atemperar nuestra realidad puertorriqueña, quieren criollizar el derecho en Puerto Rico…La pretensión del proyecto es consistente con eso que queremos nosotros que es un derecho criollo. Recomiendo la aprobación del proyecto pero, sin duda, yo puedo reconocer que hay unas inquietudes médicas profesionales que son legítimas y que deben ser parte del debate sobre las vacunas”, sostuvo.
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La Universidad Central del Caribe y el Recinto de Ciencias Médicas tampoco endosaron la medida haciéndose eco de las expresiones de Tosca Claudio, de que dejar a discreción de los padres la vacunación de sus hijos pone en peligro la vida del infante, lo que también reduciría la tasa de vacunación actual en Puerto Rico.
“No todo lo que aparece en una revista científica tiene valor y puede dictar la política pública de la salud de este país. Lamentablemente los padres y la comunidad en general reciben mucha información de supuestos riesgos de las vacunas que de ninguna manera están basadas en evidencia. Esta información proviene de personas o de grupos que asumen posturas que no tienen ninguna base científica. Es nuestra responsabilidad informar a la comunidad y aclarar estos argumentos falsos que han disminuido la confianza de los padres hacia la vacunación”, expresó en defensa Inés Esquilín, infectóloga pediátrica del Recinto de Ciencias Médicas.
La representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, cuestionó a los profesionales de la salud ante la imposición de vacunas a temprana edad como la vacuna del Papiloma Humano (HPV) que se recomienda colocar a los 11 años.
“¿Por qué esa vacuna está para niños de 11 años que no están activos sexualmente?”, cuestionó Burgos.
“La vacuna del virus del papiloma Humano se recomendó para niños de 11 años en adelante porque los estudios tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico han demostrado que nuestros adolescentes comienzan su actividad sexual a temprana edad. El estudio más reciente lo hizo el CDC con una población de sobre 70,000 estudiantes puertorriqueños y demostró que un número significativo de nuestros adolescentes comenzaban su primer encuentro sexual tan temprano como a los 11 años y que prácticamente el 50% estaba activo. Así que la idea es vacunarlos antes de que comiencen una actividad sexual”, contestó Inés Esqulín.
Mientras, la representante, se mostró incómoda con la contestación.
“En Puerto Rico es un delito que alguien tenga relaciones con un menos de edad. Yo creo que el Departamento de Salud debe ser responsable y promover la abstinencia en estas etapas de desarrollo en lugar de ofrecer una vacuna para que hagan lo que entiendan…”, sostuvo Burgos.
La representante, también puso sobre la mesa si existen otros mecanismos para fortalecer el sistema inmunológico que no sea con la vacuna.
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“No hay nada superior a la vacunación. Podemos hablar de tener una buena nutrición, de añadir vitaminas a la dieta de nuestros niños, pero no hay nada que esté documentado científicamente que puede prevenir las infecciones que no sea la vacunación; y esto es un issue muy serio porque estamos hablando de la vida de niños y de la posibilidad a que tengan problemas serios asociados a estas infecciones. Ese es el argumento que yo quiero que ustedes recuerden, si un paciente queda discapacitado porque se enfermó de una enfermedad que pudo haber sido prevenible con una vacuna, el riesgo de no vacunarse fue mucho mayor”, contestó la infectóloga pediátrica Esquilín.
Los representantes Luis Pérez Ortiz y Denis Márquez estuvieron presentes en la vista pública. Sin embargo, fue el representante y coautor de la medida, Jorge Alfredo Rivera Segarra quién reaccionó ante las expresiones de oposición de los profesionales de la salud a la medida.
“Quería dejar claro ya que en este panel están todos los expertos, que aquí nadie de los que estamos no estamos en contra de las vacunas. Yo estoy vacunado 100% y mis hijos también. Lo que es el propósito de la ley, que es lo que se pierde muchas veces en las vistas públicas, es que se le dé esa libertad al padre de decidir si se vacuna o no debidamente informado. Aquí no estamos diciendo que se le va a negar una información ni se está planteando que las vacunas son peligrosas para la humanidad. Solo queremos garantizar a ese grupo de personas que no creen por ciertas cosas que su hijos no deben tener vacunas…”, puntualizó.
El Colegio de Médicos y la Asociación de Colegios de Puerto Rico fueron debidamente excusados de la vista.