Existen preocupaciones presupuestarias, mientras se advierte que la medida no generaría ahorros.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) levantaron preocupaciones ayer sobre un proyecto de ley que propone introducir al gobierno el concepto del empleo a tiempo parcial.

El Proyecto de la Cámara 1050, del representante penepé Joel Franqui, dispone que serán elegibles empleados con jornadas de no más de 30 años y el programa podrá ser implementado en todas las entidades gubernamentales y municipios.

Por un lado, la AAFAF señaló en una vista pública ayer en la Cámara de Representantes que la propuesta no tiene un informe de efecto fiscal de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, por lo que se desconoce información clav e como costos administrativos, impacto en nómina, aportaciones patronales, beneficios marginales y procesos de reclutamiento.

“La AAFAF tiene interrogantes presupuestarias y programáticas, las cuales deben aclararse por esta Comisión como parte de la consideración del PC 1050”, lee su ponencia al recomendar que se pida información a la OGP, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

En el caso de la OGP, señalan que no se están asignando partidas presupuestarias del Fondo General para viabilizar estas plazas a tiempo parcial. Aunque el proyecto autoriza a instrumentalidades de gobieron a redistribuir sus propios recursos “dicho articulado no especifica cuáles parámetros permitirían determinar el alcance de su implementación, la cantidad de puestos que podrían crearse o convertirse a tiempo parcial, ni los recursos que serían necesarios para administrar y supervisar el programa”.

Por lo tanto, señala la OGP, no se pueden cuantificar posibles ahorros. Apuntan, como lo hizo la AAFAF, que el impacto fiscal de la medida es incierto.

“Entendemos que la creación de puestos a tiempo parcial no representa necesariamente un mecanismo de ahorro”, señala la OGP. “Aun cuanod estos empleados trabajen menos horas que un empleado regular a tiempo completo, el gobierno continuaría asumiendo una serie de costos patronales asociados al empleo”.