El informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico le recomienda a la secretaria de Justicia que evalúe el hallazgo.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Estado.

El Informe revela que se contrató una corporación foránea el 28 de diciembre de 2018 con vigencia hasta el 30 de junio de 2019, para procesar las licencias y administrar los exámenes de 16 juntas examinadoras adscritas al Departamento. El contrato no incluyó la obligación legal de informarle al Departamento sobre cualquier cambio de nombre, de negocio o fusión durante la vigencia del contrato, en contravención con la Ley 164-2009, Ley General de Corporaciones.

Tres días después, el 31 de diciembre de 2018, la corporación contratada se fusionó con otra foránea y ofreció los servicios pactados hasta el 16 de diciembre de 2020.

Este hallazgo indica que el Departamento no se aseguró que se cumpliera con las leyes fiscales, laborales y comerciales de Puerto Rico. Además, la corporación foránea que absorbió todas las operaciones estuvo 716 días sin el Certificado de Autorización para hacer negocios en Puerto Rico.

La auditoría, de cinco hallazgos, señala también que el Departamento de Estado no obtuvo la Certificación de Justificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que eximiera a esta corporación de servicios profesionales de ser contratada mediante un proceso abierto y competitivo. Este proceso es obligatorio para contratos de más de $250,000.

Del examen realizado a 11 informes mensuales de recaudaciones de las compañías contratadas para administrar los exámenes de reválida profesional, los auditores identificaron que no estaban aprobados por la secretaria auxiliar de Registros y Juntas Examinadoras. El Informe Mensual debe ser aprobado previo a ser tramitado a la División de Finanzas para evitar errores o irregularidades en la distribución de los recaudos.

En las transacciones de solicitud de pasaporte, los auditores no pudieron identificar el recibo oficial de pago en el 79% de las transacciones realizadas del 3 de enero al 11 de abril de 2022 en las oficinas de Plaza Las Américas y Arecibo. Además, se hallaron recibos oficiales por $18,900 expedidos hasta 11 días después de haberse realizado la transacción y recibos oficiales con nombres de solicitantes menores de edad no incluidos en el documento Passport Application Transmittal (PAT) que se envía por correo postal al Gobierno Federal.

Esta situación no permite mantener un control adecuado sobre el proceso de recaudaciones y propicia que se cometan irregularidades.

El Informe comenta que el contrato mencionado que se firmó el 28 de diciembre de 2018, incluyó una cláusula de renovación automática que permitió su vigencia hasta el 3 de agosto de 2023 sin pasar por un proceso abierto, competitivo y público. Esto también tiene el efecto de que se renueve un contrato que no se comunique a tiempo la intención de no renovar.

Al 3 de octubre de 2022, cuatro juntas examinadoras estaban inoperantes por la falta de nombramientos por parte de los gobernadores: la de Delineantes, Actores, Geólogos y la de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y Reparación de Techos. El Informe le recomienda a la gobernadora de Puerto Rico que tome las medidas que correspondan ante esta situación.

El Informe le recomienda a la secretaria de Justicia que evalúe el hallazgo sobre la contratación de una corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico.

El presupuesto del Departamento de Estado desde el 2019 al 2022, fue de $63.8 millones, y los desembolsos ascendieron a $57.4 millones.