Un proyecto de ley del presidente del Senado,Thomas Rivera Schatz, busca que se implemente un nuevo modelo de rehabilitación en las cárceles de Puerto Rico.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) expuso en una vista pública en el Senado ayer, miércoles, que la población correccional en Puerto Rico enfrenta significativos desafíos en salud física y mental. Por ejemplo, 73% de esa población penal tiene un historial de abuso de sustancias como tabaco y alcohol.

Mientras, el 41% presenta antecedentes relacionados con el uso problemático de drogas y el 78% de ellos ha sido diagnosticado con trastornos de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión mayor.

Esta información fue suministrada a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador Gregorio Matías, para auscultar la posibilidad de que se implemente el Proyecto del Senado 31 que busca adoptar la «Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas» como un nuevo modelo de rehabilitación para los confinados con problemas en el abuso y adicción a sustancias controladas y alcohol.

La Comunidad Terapéutica es un modelo que ha existido alrededor de 40 años y consiste en darse en ambientes residenciales libres de drogas, utilizando etapas de tratamiento que incorporan niveles de autodesarrollo, de responsabilidades personales y sociales.

Se utiliza además, la influencia entre procesos grupales y fomenta el crecimiento de la persona.

La medida legislativa establece que estudios han arrojado que alrededor 70% de las personas que ingresan al sistema correccional habían cometido algún acto delictivo asociado con el uso del alcohol y/o drogas.

Entre las sustancias más utilizadas están los opiáceos, cocaína, alcohol, marihuana, crack y benzodiazepinas.

El DCR cuenta con varios programas de tratamientos entre los que está el Centro de Tratamiento Residencial para usuarios de sustancias controladas y el Hogar Intermedio para Mujeres.

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También cuentan con El Programa de Tratamiento Asistido con Medicación (Metadona) que opera en la Ponce 500 con 39 participantes activos en colaboración con ASSMCA y las Unidades Transicionales de Recuperación de Trastornos Adictivos (TRATA), ubicadas en Aguadilla y Bayamón con 23 participantes que reciben intervención individualizada para prevenir sobredosis y reincidencia.

A pesar de la buena intención del proyecto de ley que es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el licenciado Pedro Vargas en representación del DCR, dijo que actualmente en el departamento se encuentra «ante una serie de retos fiscales que se han agudizado en los últimos años, especialmente con la aplicación del plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Esto ha tenido el efecto de que los recursos económicos de la agencia hayan mermado, poniendo en riesgo la adecuada custodia y rehabilitación del confinado».

Solicitaron al Senado que se identifique una partida distinta a la que está destinada a los programas de rehabilitación existentes para que los recursos económicos no se vean más comprometidos.

En la audiencia pública, el DCR no logró precisar de cuánta es la partida que tienen para los programas y cuánto más necesitan.

Mientras, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) estuvo a favor del proyecto.

Mencionó que en un Estudio de Necesidades de Desórdenes de Salud Mental y Sustancias en Puerto Rico del 2016 donde se analizó las prevalencias de uso de sustancias, se encontró que se estima que un 2.5% de la población adulta en Puerto Rico necesita servicios de tratamiento por uso de sustancias incluyendo alcohol y tabaco. Esto representa un estimado de 57,301 adultos.

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Las regiones de mayor prevalencia en trastornos por uso de sustancia en general son: San Juan con un 21.7%, región sureste con un 14.8%, región norte con un 12.4%, región oeste con un 11.6% y la región noreste con un 7.2%.

El estudio desglosa además la frecuencia del uso se sustancias:

La ASSMCA sugirió a la Comisión algunas enmiendas al proyecto de ley entre las que se encuentra permitirle al secretario del DCR escoger e implementar el modelo de tratamiento que se ajuste a la población correccional y que se evalúen otras alternativas como ampliar el Programa de Tratamiento Asistido con Medicamentos (PTAM).

Por su parte, la Asociación de Psicología de Puerto Rico endosó la medida pero, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social se opuso ya que entiende que el lenguaje de la medida estigmatiza a la población correccional.

También concluyeron que tener una sola modalidad de tratamiento descarta posibilidades de rehabilitación que pudieran ser más afectivos.

¿Que propone el Proyecto del Senado 34?

Se busca implementar el programa de Comunidad Terapéutica en la población correccional y sería implementado y desarrollado por el DCR. Así como tendrían que formular una petición de los recursos fiscales que sean necesarios para cumplir con el mandato de rehabilitación.

Garantizaría además la participación de al menos un sicólogo o un trabajador social licenciado para ejercer su profesión dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.

El programa constará de tres fases: motivación, comunidad terapéutica y reinserción social.

De ser convertida en ley la medida, el reglamento de este programa deberá ser diseñado al menos seis meses antes de la entrada en vigor del programa.

La senadora Nizta Morán, insistió en la vista pública que la pieza legislativa carece de información más detallada que ayude a realizar el programa por el DCR.

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«El proyecto si bien habla de comunidades terapéuticas que en nada se parece a lo tiene Corrección. El proyecto no trae a que confinado vamos a estar atendiendo porque no son todos los confinados. A nivel mundial esto no es nuevo y ellos tienen ciertas restricciones», dijo en la vista pública.

La Comisión está solicitando otros memoriales adicionales para determinar si es necesario la realización de otra vista pública antes de emitir un informe con las nuevas recomendaciones.

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